Senate Dems Discuss Worker Misclassification Issues at Policy Hearing

Senate Dems Discuss Worker Misclassification Issues at Policy Hearing

PHILADELPHIA November 15, 2021 – State Senator Katie Muth (D- Berks/Chester/Montgomery), Chair of the Pennsylvania Senate Democratic Policy Committee, today joined Senators Nikil Saval, John Kane, Christine Tartaglione and Lindsey Williams to host a public hearing to discuss issues related to worker misclassification in Pennsylvania.

“Worker misclassification isn’t just about building trades or construction, this issue impacts a whole segment of our workforce that deserves to be protected and paid fairly by their employers,” Senator Muth said. “I appreciate all of my colleagues and the panelists that participated today to shine a light on another instance of corporate greed – employers that are prioritizing profits over workers. It is time that we stand up for our workers in the state Senate.”

The Senate Democratic Policy Committee heard from several panelists at the Sheet Metal Workers Union Building in Philadelphia who all discussed the problems workers are face with when they are misclassified by their employers. The Keystone Research Center indicates that if Pennsylvania has rates of misclassification in the construction industry comparable to those in other states, it loses about $10 million in unemployment insurance taxes, at least $15 million in income tax revenues (and possibly three times as much), as much as $83 million in workers compensation premiums, and $200 million in federal income taxes.

“Worker misclassification is pervasive, and the resulting damages cut across all sectors of employment and all facets of our communities. Pennsylvania is a labor state with a long history of protecting workers’ rights, and it’s imperative that we continue this work in our swiftly changing economy,” Senator Saval said. “Just as companies that exploit workers can take these practices from state to state, Pennsylvania can create a model for worker protections that other states can adopt. How we approach this right now will impact the future of work.”

The hearing featured representation from various regional and statewide labor unions, including the Steamfitters Local 420, Painters DC21, Philadelphia Building and Construction Trades Council, PA AFL-CIO, and the Eastern Atlantic States Regional Council of Carpenters. Senator John Kane spent four decades as a union plumber prior to serving in the Senate and also served for twelve years as the Business Manager for one of the largest plumbers’ unions in the Commonwealth.

“My members earned good, family-sustaining wages and had good benefits. They had protections for workplace injuries and safe working conditions. When workers are misclassified as independent contractors, they lose these protections,” Senator Kane said. “I want to be clear – the misclassification of workers is a form of theft, plain and simple. Businesses cut costs to help their bottom line, and our workers pay the price. It’s long past time we took action to end worker misclassification, and I’m grateful to all our panelists for sharing their perspective in today’s hearing.”

The hearing also highlighted the worker misclassification issues experienced by workers in the app-based gig economy and discussed potential policy solutions to address the issue of worker misclassification. One bill discussed was Senate Bill 879 which was introduced by Senator Saval. This bill would hold general contractors responsible for paying any employees up and down a worksite, even if they are hired by a subcontractor.

“For too long unscrupulous employers have cut costs and corners by misclassifying Pennsylvania’s workers. The Pa Senate Democrats have and will continue to fight for the workers of this commonwealth,” Senator Tartaglione said. “Every worker deserves the protections that come with being an employee not a contractor. The cost of doing business cannot and should not be shifted onto a businesses’ employees.”

“Misclassification hurts workers, hurts employers who are doing the right thing by their workers, and it hurts taxpayers,” Senator Williams added.

All submitted testimony from today’s hearing and the full video is available at SenatorMuth.com/Policy

 

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Testimony

Panel 1: Local Unions Roundtable

  • Gary Masino, Sheetmetal Workers Local 19.
  • Tom Redden, Steamfitters Local 420
  • Tyler Honschke, Painters DC21
  • Brian Eddis, Philadelphia Building Trades

Panel 2: Statewide Unions Roundtable 

Panel 3: The Gig Economy

Panel 4: Policy Solutions

 

Los demócratas del Senado de Pensilvania celebran una audiencia sobre las protecciones de la OSHA para los empleados públicos

Los demócratas del Senado de Pensilvania celebran una audiencia sobre las protecciones de la OSHA para los empleados públicos

Harrisburg - 20 de mayo de 2021 - A petición de la senadora Tina Tartaglione (D- Filadelfia), presidente demócrata del Comité del Senado de Trabajo e Industria, el Comité de Política Democrática de Pensilvania celebró una audiencia pública virtual para discutir Proyecto de ley 310 del Senado y las protecciones de la OSHA para los empleados públicos.

"Durante más de 50 años, los empleados del sector privado de Estados Unidos y los empleados federales se han beneficiado de las salvaguardias y la tranquilidad que ofrece la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA). Es una parodia que los empleados públicos de Pensilvania no tengan las mismas protecciones", dijo el senador Tartaglione. "Todos los trabajadores tienen derecho a un lugar de trabajo seguro y saludable, y tienen derecho a saber que no se enfrentarán a represalias cuando denuncien condiciones deficientes y peligrosas. Mi proyecto de ley 310 del Senado ampliaría las protecciones críticas de la OSHA a todos los trabajadores de Pensilvania."

El proyecto de ley 310 del Senado establecería la Junta de Revisión de Seguridad y Salud Ocupacional de Pensilvania dentro del Departamento de Trabajo e Industria. En la actualidad, los trabajadores de los organismos públicos estatales y locales de Pensilvania no cuentan con la protección de la Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo (OSHA). Esta propuesta legislativa ampliaría las normas de seguridad de la OSHA a los empleados públicos de la mancomunidad, todas las subdivisiones políticas legales, las escuelas públicas, los sistemas de transporte público y las organizaciones sin ánimo de lucro de Pensilvania.

"Los trabajadores merecen saber que, cuando acuden al trabajo, su salud y su seguridad son una prioridad y no una idea tardía. Nadie debería tener que aceptar que las condiciones que amenazan la vida son sólo parte de un trabajo, y los trabajadores de todas las profesiones y campos deberían tener protecciones de la OSHA. Me enorgullece apoyar el proyecto de ley 310 del Senado, y estoy muy agradecida al senador Tartaglione por haber defendido este proyecto en el Senado y por haber hecho de las protecciones en el lugar de trabajo una prioridad en nuestro grupo", dijo la senadora Katie Muth (demócrata de Berks/Chester/Montgomery), presidenta del Comité de Política Demócrata del Senado.

"Según el informe de AFL-CIO Death on the Job Report, 8,1 millones de trabajadores del sector público carecen de protección de la OSHA en todo el país. En 2019, su tasa de lesiones y enfermedades fue un 64% más alta que la de los empleados del sector privado", dijo Mike Maguire, Director de Asuntos Políticos y Legislativos del Consejo 13 de AFSCME. "Desde el establecimiento de la OSHA en 1971, se han salvado más de 627.000 vidas de trabajadores. Extendamos esas protecciones a la mano de obra del sector público de nuestra Commonwealth".

En oposición al proyecto de ley 310 del Senado estaban Keith Wentz, director de gestión de riesgos y suscripción de la Asociación de Comisionados de Condados de Pensilvania (CCAP), y Stuart Knade, abogado, director jurídico de la Asociación de Consejos Escolares de Pensilvania.

Wentz señaló en su testimonio que él y su organización no creen que sean necesarias más protecciones de la OSHA para los empleados públicos porque ya existen juntas de seguridad voluntarias e inspecciones aleatorias de las instalaciones.

Knade dijo que la aplicación de las protecciones de la OSHA para los empleados públicos en Pensilvania sería difícil porque la OSHA no fue escrita con ellos en mente, creando problemas con la aplicación. También dijo que la aplicación sería prohibitiva en términos de costes.

Tanto Wentz como Knade acordaron continuar las conversaciones con el senador Tartaglione sobre el proyecto de ley 310 del Senado y las protecciones de los empleados públicos.

"Los costes se reducen realmente cuando se consigue que el lugar de trabajo sea más seguro", afirmó Rick Bloomingdale, presidente de la AFL-CIO de Pensilvania. Bloomingdale dijo en su testimonio que los mismos argumentos que Wentz y Knade dieron hoy se utilizaron en la década de 1970, cuando se promulgó por primera vez la OSHA. Sin embargo, a lo largo de los años, la OSHA ha demostrado ser un atractivo para los empleados y los empresarios del sector privado.

Bloomingdale afirmó que, gracias a la normativa de la OSHA en los centros de trabajo del sector privado, hay menos rotación de personal, mayor moral y menos incidentes que den lugar a lesiones y a la necesidad de indemnizaciones en el lugar de trabajo.

"Según el informe anual de la AFL-CIO sobre la muerte de los trabajos, en 2016, los empleadores del sector público estatal y local informaron de una tasa de lesiones de 4,7 por cada 100 trabajadores, que es significativamente más alta que la tasa reportada de 2,9 por 100 entre los trabajadores del sector privado", dijo Bloomingdale.

Jeff Ney, tesorero de la Pennsylvania State Education Association (PSEA), explicó en su testimonio que los profesores también están excluidos de las protecciones de la OSHA.

"Como yo, muchos empleados públicos se sorprenden al saber que estas protecciones básicas no se aplican a ellos o a su lugar de trabajo", dijo Ney. "Las protecciones de sentido común contenidas en el SB 310 también garantizarán que nuestros estudiantes tengan un entorno educativo seguro y saludable, que es el factor más básico e indispensable para fomentar la excelencia académica. Las condiciones de trabajo de los empleados escolares son las condiciones de aprendizaje de los estudiantes."

Maguire, de la AFCME, dijo en su testimonio que los trabajadores son algo más que recursos, son seres humanos y merecen lugares de trabajo que los traten así.

"Este es el proyecto de ley más importante para la AFCME", concluyó Maguire.

A continuación figuran todos los que han participado en la audiencia de hoy:

  • Keith Wentz, Director de Gestión de Riesgos y Suscripción, County Commissioners Association of Pennsylvania (CCAP) 
  • Stuart Knade, abogado, director jurídico de la Asociación de Consejos Escolares de Pensilvania
  • Rick Bloomingdale, Presidente de la AFL-CIO de Pensilvania
  • Mike Maguire, Director de Asuntos Políticos y Legislativos, Consejo 13 de AFSCME
  • Jeff Ney, Tesorero, Asociación de Educación del Estado de Pensilvania
  • Dr. David Levine, UC Berkeley, Escuela de Negocios Haas

El líder demócrata del Senado, Jay Costa (demócrata de Allegheny), también asistió a esta audiencia, al igual que los senadores Anthony H. Williams (demócrata de Filadelfia/Delaware), Lisa Boscola (demócrata de Lehigh/Northampton), Lindsey Williams (demócrata de Allegheny), John Kane (demócrata de Chester/Delaware) y Amanda Cappelletti (demócrata de Delaware/Montgomery).

La grabación completa de esta mesa redonda, así como los testimonios escritos de los participantes, pueden encontrarse en senatormuth.com/policy. La grabación completa de esta audiencia también se puede encontrar en la página web Página de Facebook de los demócratas del Senado de Pensilvania.

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Los demócratas del Senado de Pensilvania se reúnen con la Secretaria de Agricultura y la Segunda Dama Gisele Fetterman para una audiencia sobre la inseguridad alimentaria en Pensilvania

Los demócratas del Senado de Pensilvania se reúnen con la Secretaria de Agricultura y la Segunda Dama Gisele Fetterman para una audiencia sobre la inseguridad alimentaria en Pensilvania

Harrisburg - 30 de abril de 2021 - A petición de los senadores estatales de Pensilvania Judy Schwank (D- Berks), Tina Tartaglione (D- Philadelphia), y Sharif Street (D- Philadelphia), el Comité de Política Demócrata del Senado celebró una audiencia política virtual para discutir el tema de la inseguridad alimentaria en Pensilvania.

"La pandemia ha sacado a la luz muchos problemas en el último año, pero quizá el más llamativo de todos sea el de la inseguridad alimentaria", dijo Schwank. "Sé que pocos de nosotros olvidaremos haber visto las largas colas de familias esperando asistencia alimentaria. Hoy hemos aprendido cómo nuestros bancos de alimentos locales han afrontado el extraordinario reto de alimentar a nuestras comunidades y qué debemos tener en cuenta de cara al futuro, ya que el problema de la inseguridad alimentaria está lejos de estar resuelto."

El Secretario de Agricultura de Pensilvania, Russell Redding, dijo que los informes compilados por la organización Feeding America muestran que el número de habitantes de Pensilvania que se enfrentan a la inseguridad alimentaria en 2020 creció sustancialmente a 1,77 millones de individuos, un aumento del 30 por ciento. El número de niños en Pensilvania que se enfrentan a la inseguridad alimentaria aumentó a 537.080, un aumento de casi el 40 por ciento en sólo un año.

"La inseguridad alimentaria se define como la falta de acceso a suficientes alimentos para llevar una vida sana y activa, y en el fondo equivale al hambre. Se calcula que el 11% de la población del Estado de Pensilvania padece inseguridad alimentaria, y el porcentaje más alto se encuentra en el condado de Filadelfia", ha declarado Dixie James, presidenta y directora de operaciones de Einstein Healthcare Network.

La Segunda Dama de Pensilvania, Gisele Fetterman, también testificó en la audiencia sobre su trabajo para hacer frente a la inseguridad alimentaria a través de la Tienda Gratuita 15104 y 412 Food Rescue.

"Mi trabajo existe gracias a los fallos de la política", dijo Fetterman.

Dijo que la promulgación de una ley estatal para evitar que se desperdicien alimentos en perfecto estado, como han hecho otros muchos estados, ayudaría a hacer frente a la inseguridad alimentaria mediante la reorientación de los recursos, y también a hacer frente al impacto medioambiental de desechar alimentos en perfecto estado que, de otro modo, podrían alimentar a las poblaciones.

"Sabemos que no se trata de falta de alimentos, sino de cómo se distribuyen", dijo la Dra. Kathy Reeves, Decana Asociada Superior de Equidad Sanitaria, Diversidad e Inclusión y Directora del Centro de Bioética Urbana y Profesora de Pediatría de la Facultad de Medicina Lewis Katz de la Universidad de Temple.

La Dra. Reeves también abogó en su testimonio por tratar la alimentación como una receta para abordar la salud general de los habitantes de Pensilvania.

"La inseguridad alimentaria está entrelazada con muchos de los males crónicos de Pensilvania, problemas como la pobreza y las disparidades sanitarias que se han visto exacerbadas por la persistente pandemia de coronavirus", dijo el senador Tartaglione. "Esta conversación a fondo es imperativa mientras buscamos hacer que la nutrición sea universalmente accesible en la Commonwealth".

Loree Jones, directora general de Philabundance, que atiende a cinco condados de Pensilvania, dijo que el 40% del aumento del 60% que Philabundance ha visto en las necesidades este año pasado eran personas que utilizaban el sistema de alimentos de emergencia por primera vez. Dijo que Feeding America está proyectando que a nivel nacional más de 42 millones de personas, incluyendo 13 millones de niños, pueden experimentar inseguridad alimentaria debido a la COVID-19.

El Secretario Redding dijo que la financiación adicional para proporcionar alimentos en la pandemia ha venido de recursos federales y estatales, proporcionando fondos adicionales para las compras de alimentos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) a través del Programa de Asistencia Alimentaria de Emergencia (TEFAP). Hasta el 17 de abril de 2021, los bancos de alimentos de Pensilvania informan haber distribuido más de 2,4 millones de estas cajas de alimentos, con un peso de más de 51,5 millones de libras.

"Las lecciones aprendidas a lo largo de este último año nos han proporcionado una nueva lente para examinar nuestros programas de subvenciones y garantizar que sean equitativos y satisfagan las necesidades de las personas a las que servimos. Se han puesto de manifiesto las lagunas del sistema, como los retrasos en el procesamiento de la carne y la falta de acceso a los alimentos frescos. Seguiremos mejorando nuestros programas actuales e investigando formas adicionales de abordar estas necesidades", dijo el Secretario Redding. "Además, la ampliación del acceso a la banda ancha en toda la mancomunidad ayudará a proporcionar un acceso equitativo a los recursos y a las plataformas de comercio electrónico".

Scott Cawthern, subsecretario en funciones de la Oficina de Mantenimiento de los Ingresos del Departamento de Servicios Humanos de Pensilvania, también testificó sobre el trabajo que el Departamento de Servicios Humanos realizó para ampliar los servicios durante la pandemia del COVID-19, y cómo el aumento y la continuidad de la inversión en estos programas abordará la inseguridad alimentaria y mejorará los resultados de salud a largo plazo para los residentes de Pensilvania.

"A nivel estatal, nos gustaría ver más coordinación entre todos los sistemas de alimentos 9 en el estado, incluyendo el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC), SNAP, NSLP, y otros para asegurar que las familias elegibles están recibiendo toda la asistencia alimentaria para la que califican y para asegurar que los niños y las familias reciben los apoyos de nutrición a medida que crecen", dijo Cawthern.

Jay Worrall, Presidente del Banco de Alimentos Helping Harvest, testificó sobre la importancia de los socios de la comunidad en la distribución de alimentos y recursos a las familias y cómo el aumento de la financiación de sus programas de inseguridad alimentaria de la firma, el Programa Estatal de Compra de Alimentos (SFPP), y el Sistema de Excedentes Agrícolas de Pensilvania (PASS), y aumentar la flexibilidad de cómo esos fondos pueden ser gastados ayudaría aún más Pennsylvanians en necesidad.

"Lamentablemente, muchos habitantes de Pensilvania han tenido y siguen teniendo dificultades para satisfacer sus necesidades básicas. Las familias trabajadoras de todo nuestro estado se enfrentan a innumerables situaciones, como trabajos que solo pagan salarios de pobreza debido a la desigualdad de la riqueza y la codicia corporativa, desiertos de alimentos, facturas inesperadas para el mantenimiento del automóvil o el tratamiento médico, despidos y ahora una pandemia mundial, todo lo cual causa inestabilidad financiera temporal o permanente, inseguridad alimentaria y hambre. Las tasas de inseguridad alimentaria de Pensilvania han aumentado del 11,1% en 2018 a más del 33% en marzo de 2020. Según el Departamento de Agricultura de Pensilvania, antes de la pandemia de COVID-19, más de 1,53 millones de habitantes de Pensilvania soportaban el hambre crónica cada día, incluyendo 478.500 ancianos de Pensilvania y alrededor de 437.000 niños", dijo la senadora Katie Muth (D- Berks/Chester/Montgomery), presidenta del Comité de Política Demócrata del Senado. "La inseguridad alimentaria hace que sea imposible sobrevivir y mucho menos prosperar. Todo ser humano debería tener garantizado el acceso a comidas fiables y nutritivas. Tenemos que actuar con urgencia para acabar con la inseguridad alimentaria en Pensilvania y en toda nuestra nación."

A continuación figuran todos los que han participado en la audiencia de hoy:

  • Dixie James, presidenta y directora de operaciones de Einstein Healthcare Network
  • Gisele Fetterman, Segunda Dama de Pensilvania
  • Secretario Russell Redding, Departamento de Agricultura de PA
  • Scott Cawthern, Subsecretario en funciones de la Oficina de Mantenimiento de Ingresos del Departamento de Servicios Humanos de Pensilvania
  • Dra. Kathy Reeves, MD. FAAP, Decana Asociada Superior, Equidad Sanitaria, Diversidad e Inclusión Directora del Centro de Bioética Urbana - Profesora de Pediatría de la Facultad de Medicina Lewis Katz de la Universidad de Temple 
  • Andy Toy, Director de Desarrollo y Comunicaciones, SEAMAAC
  • Tyler Ray, organizador de la comunidad de vecinos, Urban Creators
  • Maddy Booth, directora de operaciones de Vetri Community Partnership
  • Mark Edwards, Presidente y Director General de Food Trust
  • Loree Jones, directora general de Philabundance
  • Jay Worrall, Presidente del Banco de Alimentos Helping Harvest

La grabación completa de esta mesa redonda, así como los testimonios escritos de los participantes, pueden encontrarse en senatormuth.com/policy. La grabación completa de esta audiencia también puede encontrarse en la página Página de Facebook de los demócratas del Senado de Pensilvania.

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Los demócratas del Senado de Pensilvania celebran una audiencia sobre el aumento del salario mínimo en Pensilvania en honor al Día del Servicio de MLK

Los demócratas del Senado de Pensilvania celebran una audiencia sobre el aumento del salario mínimo en Pensilvania en honor al Día del Servicio de MLK

Harrisburg - 18 de enero de 2021 - A petición de los senadores estatales Art Haywood (D-Montgomery/Filadelfia), Christine Tartaglione (D-Filadelfia), y John Kane (D-Chester/Delaware) el Comité de Política Demócrata del Senado de Pensilvania celebró una audiencia pública virtual sobre el aumento del salario mínimo para los peninsulares. La audiencia se celebró en el Día de Servicio de Martin Luther King, Jr. para honrar su legado de lucha por los derechos de los trabajadores y la justicia económica.

"Es inaceptable que Pensilvania siga permitiendo que su salario mínimo sea el de la pobreza, de 7,25 dólares la hora", dijo Haywood. "Celebramos esta audiencia hoy en el Día de servicio de Martin Luther King, Jr. Día de servicio para continuar el trabajo que el Dr. King comenzó exigiendo dignidad y respeto para todos los trabajadores, y eso empieza por pagar a los trabajadores un salario digno."

La Asamblea General de Pensilvania elevó por última vez el salario mínimo en julio de 2007 a 7,25 dólares por hora. Los seis estados limítrofes con Pensilvania han promulgado leyes sobre el salario mínimo que superan los 7,25 dólares vigentes en la Commonwealth. Maryland, Nueva York, Nueva Jersey, Delaware, Virginia Occidental y Ohio han promulgado salarios mínimos más altos que el de Pensilvania, que lleva más de una década estancado en el mínimo federal.

Alissa Barron-Menza, Vicepresidenta de Business for a Fair Minimum Wage, dijo que el salario mínimo se introdujo por primera vez en 1938 durante la Gran Depresión, y que un salario mínimo digno es una herramienta esencial de recuperación económica.

"Este aumento es una herramienta vital para la recuperación compartida que será buena para las empresas, buena para los clientes y buena para la economía", dijo Barron-Menza.

Morris Pearl, presidente de Patriotic Millionaires, también dijo que un aumento del salario mínimo es bueno para la economía. Dijo que una economía fuerte necesita gente con dinero para gastar a fin de mantenerla.

"Los inversores están abrumadoramente a favor de aumentar el salario mínimo", dijo Pearl.

Actualmente, 29 estados y el Distrito de Columbia tienen salarios mínimos superiores al salario mínimo federal de 7,25 dólares por hora, incluidos todos los estados que rodean a Pensilvania.

"El hecho de que la Asamblea General de Pensilvania no haya aumentado el salario mínimo desde que se aprobó mi legislación en 2006 es censurable", dijo Tartaglione. "Aunque he seguido patrocinando nueva legislación sobre el salario mínimo en cada sesión desde entonces, la mayoría no ha tomado medidas, dejando que el último aumento que los trabajadores han visto sea un aumento federal de 10 centavos en 2009. Los trabajadores del salario mínimo de Pensilvania merecen algo mejor".

El senador Tartaglione es el principal patrocinador del proyecto de ley 12 del Senado. Esta legislación aumentaría inmediatamente el salario mínimo de Pensilvania a 12 dólares por hora para todos los trabajadores de Pensilvania, con una vía para llegar a los 15 dólares por hora en 2027. Este proyecto de ley también eliminaría el salario mínimo por propinas en Pensilvania, asegurando que todos los trabajadores ganen un salario digno que no dependa de la generosidad del patrón o de la falta de ella.

"Fui fontanero del sindicato durante casi cuatro décadas, y sé lo importante que eran los salarios dignos y de sustento familiar para mí y para todos nuestros miembros", dijo Kane. "Es un gran problema que nuestros trabajadores de salario mínimo no han visto un aumento en más de una década - tenemos que garantizar que todos los residentes de Pensilvania se les paga un salario digno."

Gene Barr es el presidente y director general de la Cámara de Comercio e Industria de Pensilvania y dijo que su organización no cree que un aumento del salario mínimo de Pensilvania sea la forma más "eficaz de impulsar la asistencia".

Barr dijo que un aumento del salario mínimo perjudicará a las pequeñas empresas, llevará a una mayor automatización, y que el trabajo continuado con el estado en la reducción de las barreras al empleo y la expansión de un crédito fiscal por ingresos ganados (EITC) son mejores soluciones.

"Hay un apoyo mayoritario de las empresas para aumentar el salario mínimo más allá de los niveles actualmente promulgados - a pesar de lo que pueda escuchar de la oposición", replicó Barron-Menza a Barr. "Por ejemplo, una encuesta de 2016 realizada por LuntzGlobal para el Consejo de Cámaras Estatales a 1.000 ejecutivos de empresas de todo el país reveló que el 80% de los encuestados dijo que apoyaba el aumento del salario mínimo de su estado, mientras que solo el 8% se oponía."

"Nadie debería tener un trabajo a tiempo completo, o varios trabajos a tiempo completo y parcial, y seguir viviendo en la pobreza porque su empleador no está obligado a pagarle un salario digno", dijo la senadora Katie Muth (D- Berks/Chester/Montgomery), presidenta del Comité de Política Demócrata del Senado. "Todos los trabajadores merecen la dignidad y el respeto de un salario digno, y debemos aumentar el salario mínimo de Pensilvania".

William Spriggs, profesor de economía de la Universidad de Howard y economista jefe de la AFL-CIO, declaró en su testimonio que el aumento del salario mínimo es también esencial para acabar con las diferencias salariales entre hombres y mujeres y entre razas, cuya existencia está ampliamente reconocida por los economistas.

Spriggs también dijo que el salario mínimo está pagando menos a la gente en la industria de los servicios (2,83 dólares en Pensilvania para los trabajadores de los restaurantes) o está sesgado en función del lugar donde viven, y también tiene "raíces muy racistas".

Ashona Denise Osborne se unió a la lucha del SEIU (Sindicato Internacional de Empleados de Servicios) por el salario mínimo de 15 dólares la hora después de haber trabajado en empleos con el salario mínimo durante toda su vida, de haber criado a su hijo como madre soltera y de haberse dado cuenta de que, incluso obteniendo su título de grado en cuidado de niños, "todavía no es suficiente".

Muchos otros senadores también asistieron a esta audiencia, incluyendo el líder demócrata del Senado Jay Costa (D- Allegheny), Amanda Cappelletti (D- Delaware/Montgomery), Carolyn Committa (D- Chester), Maria Collett (D- Bucks/ Montgomery), Wayne Fontana (D- Allegheny), Vincent Hughes (D- Montgomery/Philadelphia), Tim Kearney (D- Chester/Delaware), Steve Santarsiero (D- Bucks), Nikil Saval (D- Philadelphia), Judy Schwank (D- Berks), Sharif Street (D- Philadelphia), Anthony H. Williams (D- Delaware/Filadelfia), y Lindsey Williams (D- Allegheny).

A continuación figuran todos los que testificaron en la audiencia de hoy:

  • Gene Barr, Presidente y Director General de la Cámara de Comercio e Industria de Pensilvania
  • Alissa Barron-Menza, Vicepresidenta de Business for a Fair Minimum Wage
  • Morris Pearl, Presidente de Patriotic Millionaires
  • Manuel Rosaldo, Coalición por la Justicia Salarial del Condado de Centre, Profesor Adjunto de Relaciones Laborales, Universidad Estatal de Pensilvania
  • Jacqui Rogers, Coalición de Defensa de la Mujer del Condado de Bucks
  • William Spriggs, profesor de economía de la Universidad de Howard y economista jefe de la AFL-CIO
  • Kadida Kenner, Directora de Campañas del Centro de Política y Presupuesto de AP
  • Ashona Denise Osborne, trabajadora del SEIU de Pittsburgh
  • Lateefah Curtis, trabajadora de Filadelfia
  • Adesola Ogunleye, trabajador de Filadelfia

La grabación completa de esta audiencia puede encontrarse en senatormuth.com/policy.

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La audiencia del Senado se centra en el impacto del bloqueo presupuestario en las escuelas

Harrisburg - 28 de octubre de 2015 - A petición del senador estatal Vince Hughes (D-Phila.), el Comité de Política Demócrata del Senado celebró hoy una audiencia sobre el impacto devastador que el impasse presupuestario de 120 días del estado está teniendo en las escuelas de todo el estado.

"Aunque muchos de los puntos de disputa presupuestaria siguen sin resolverse, lo que está claro es que las consecuencias de este estancamiento son de gran alcance", dijo la senadora Lisa Boscola (D-Northampton), que preside el comité. "Esta audiencia da a los legisladores una idea de cómo las escuelas están manejando el déficit de financiación, y los problemas que se enfrentarán si este estancamiento se prolonga."

Hughes añadió: "Un número cada vez mayor de escuelas se ha visto acorralado a pedir préstamos y líneas de crédito sólo para mantener sus puertas abiertas. Esperemos que el enfoque de esta audiencia en esta crisis financiera estatal cada vez más grave fomente una mayor urgencia, cooperación y compromiso en las negociaciones presupuestarias en curso."

Durante la audiencia, el auditor general del estado, Eugene DePasquale, declaró que al menos 27 distritos escolares han tomado préstamos por un total de más de 431 millones de dólares. Proyectó que los pagos de intereses ascenderán a 30 millones de dólares si el estancamiento llega a mediados de noviembre.

Los que testificaron denunciaron cómo el estancamiento ha perjudicado a los estudiantes, ha agotado las reservas y cómo los contribuyentes tendrán que pagar innecesariamente los intereses del creciente número de préstamos y líneas de crédito que las escuelas están obteniendo para mantener sus puertas abiertas.

El superintendente de las escuelas públicas de Erie, Jay Badams, lamentó que su distrito tenga que pedir un préstamo de 30 millones de dólares sólo para llegar a enero.

"Son 114.000 dólares de intereses desperdiciados que podrían haberse utilizado para muchos gastos educativos muy necesarios", dijo Badams.

El Dr. Joseph Roy, que se desempeña como superintendente del Distrito Escolar del Área de Bethlehem en el condado de Northampton, agregó que "las decisiones a nivel estatal siguen golpeando a los distritos escolares". Dijo que el desvío de fondos a las escuelas chárter y cibernéticas y un enfoque "punitivo" de la educación pública han disparado los gastos escolares.

La Dra. Rula Skezas, que se desempeña como superintendente del Distrito Escolar del Área de McKeesport, en el condado de Allegheny, señaló que incluso si el distrito recibe la financiación propuesta, seguiría siendo inferior a lo que recibió durante el año escolar 2011. Dijo que McKeesport ha sacado una línea de crédito de 5 millones de dólares para llegar a diciembre. Dijo que el distrito ya ha eliminado 110 puestos de personal para tratar de llegar a fin de mes.

Hughes, que es el presidente demócrata del Comité de Apropiación, dijo que las escuelas públicas, concertadas y privadas ya se están tambaleando tras años de falta de fondos. Señaló que el Distrito Escolar de Filadelfia ya ha pedido prestados 275 millones de dólares durante el impasse. Fran Burns, que se desempeña como jefe de operaciones del Distrito Escolar de Filadelfia, testificó que el distrito ha luchado para hacer frente a un "déficit estructural".

Lamentando el impacto en las familias trabajadoras locales que financian las escuelas a través de los impuestos a la propiedad, Boscola señaló una encuesta educativa realizada a principios de este año que muestra que casi el 75% de los distritos estaban planeando imponer aumentos de impuestos a la propiedad, el 30% estaban planeando hacer recortes de programas adicionales, y el 41% estaban haciendo más recortes de personal. Dijo que el estado ha retenido aproximadamente 3.000 millones de dólares en fondos escolares desde que comenzó el impasse presupuestario en julio.

Junto a Boscola y Hughes en la audiencia del comité del Capitolio estaban los senadores John Blake (D-Lackawanna), Jim Brewster (D-Allegheny), Andrew Dinniman (D-Montgomery), Christine Tartaglione (D-Phila.) y Sean Wiley (D-Erie),

Entre los testigos se encuentran:

  • El Honorable Eugene DePasquale
    Auditor General de Pensilvania
  • Fran Burns
    Directora de Operaciones, Distrito Escolar de Filadelfia
  • Joseph Gorham
    Superintendente de Escuelas, Distrito Escolar del Área de Carbondale
  • Dr. Joseph Roy
    Superintendente de Escuelas, Distrito Escolar del Área de Bethlehem
  • Dr. Jay D. Badams
    Superintendente de las Escuelas Públicas de Erie
  • Dra. Rula S. Skezas
    Superintendente, Distrito Escolar del Área de McKeesport
  • Marjorie Neff
    Presidenta de la Comisión de Reforma Escolar
  • Anthony Pirrello
    Director General de Montessori Regional Charter School of Erie y Vicepresidente de Pennsylvania Coalition of Public Charter Schools
  • Matt Przywara
    Miembro, PASBO
    Director Financiero y de Operaciones, Distrito Escolar de Lancaster
  • Bill LaCoff
    Presidente de la Asociación de Consejos Escolares de Pensilvania
  • Susan Gobreski
    Votantes de Educación de Pensilvania
  • Dra. Pearl English
    Enfermera escolar, Distrito Escolar de Filadelfia

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