by Christin Brown | Octubre 19, 2011 | News Releases
HARRISBURG, Oct. 18, 2011 – State Sen. Christine M. Tartaglione said today she will continue to push for an update to Pennsylvania’s minimum wage law, after a Senate committee voted to avoid a decision yesterday.
The Senate Labor and Industry committee tabled a Tartaglione amendment by that would have tied Pennsylvania’s minimum wage to the consumer price index, ensuring that thousands of working families would forever get off a see-saw of poverty.
“There is no issue that more clearly defines the line between the 99 percent and the one percent,” Tartaglione said. “Vast majorities of the public have supported inflation protections in the minimum wage despite heavy lobbying and spending by big business. It’s profit vs. poverty. It’s that simple.”
Tartaglione is the prime sponsor of Senate Bill 235, which would apply an annual cost-of-living adjustment to the minimum wage, calculated by annually applying the percentage change in the Consumer Price Index for All Urban Consumers for the Pennsylvania, New Jersey, Delaware and Maryland area for the most recent twelve month-period. The bill is stuck in the Labor and Industry Committee as majority Republicans hope to avoid a vote.
Ten states have applied COLAs to their minimum wages, with half of them doing it through overwhelming support in ballot initiatives.
“The typical gloom-and-doom predictions about the minimum wage have all been debunked and voters are tired of hearing the business lobby say they can’t pay living wages,” Tartaglione said. “A properly adjusted minimum wage will keep working families from falling into poverty and dependence on government support. This is a move toward economic justice and smaller government.”
With the bill stalled in committee, Tartaglione attempted to implement its language through an amendment to another bill poised to move from the committee. The amendment was “tabled,” meaning it did not receive an up or down vote.
“I think this is not the time to tell working families that you’re siding with the CEOs” Tartaglione said. “I think they felt a changing wind and they ducked.”
Pennsylvania last adjusted its minimum wage in steps through 2006 and 2007. Since then, even moderate inflation has pushed a single worker with a child, lifted above the federal poverty line by the 2007 increase, back below the poverty line in 2011.
Tartaglione said she will continue to push for the bill or the amendment after the number of Pennsylvanians earning the minimum wage has jumped by 50 percent in the past year and the state’s poverty rate has hit a 20-year high.
“Working families are starting to understand what they’re up against,” Tartaglione said. “And they’re starting to fight back.”
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by Christin Brown | Octubre 18, 2011 | News Releases
Atención diurna, atención a adultos, formación para el empleo, transición de la escuela al trabajo y empleos verdes.
HARRISBURG, 18 de octubre 2011 - - Hoy en día los miembros de la bancada demócrata del Senado dio a conocer la legislación que se presentará esta semana para complementar el "PA Works Now" plan de creación de empleo, que se ha convertido en la pieza central de su agenda para la sesión de otoño. Los demócratas del Senado seguirá ofreciendo soluciones a los problemas que impiden Pennsylvanians de encontrar y mantener puestos de trabajo con la esperanza de que el diálogo en el Capitolio comenzará a centrarse en este tema apremiante.
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"No podemos arrastrar los pies cuando se trata de esto. Las familias están luchando, y con cada día que pasa pierden la esperanza en nuestra capacidad para ayudarles", dijo la senadora Lisa Boscola (D-Lehigh/Monroe/Northampton), presidente de Política Demócrata del Senado. "Hemos visitado una serie de comunidades en todo el estado y recogido valiosa - y en muchos casos muy conmovedor - retroalimentación. Este es el tema número uno en la mente de la gente. Tenemos que seguir hablando hasta que sea la prioridad número uno en la mente de los que sirven en Harrisburg."
El plan se centra en 6 áreas clave:
Incentivos fiscales para fomentar las guarderías subvencionadas por las empresas
Esta medida ofrecería incentivos fiscales a las pequeñas empresas que ayuden a sus empleados a sufragar los gastos de guardería y cuidado diurno de adultos. Las familias trabajadoras no deberían verse limitadas por no poder encontrar servicios de guardería. No es bueno para su calidad de vida. Y no es útil para nuestra economía.
Sen. Judy Schwank es el principal patrocinador de esta legislación. "Muchos de nosotros sabemos muy bien que las guarderías son caras, y muchas familias tienen que sopesar el coste de la guardería frente a su sueldo semanal", dijo Schwank (D-Berks). "Para otros, no hay elección. Tienen que trabajar, y la única manera de que puedan trabajar es si tienen cuidado de niños o guardería para adultos y saben que sus seres queridos están a salvo mientras ganan un día de salario."
Mejorar la transición de la escuela al trabajo
El éxito profesional en la actual economía basada en el conocimiento requiere que la mayoría de los estudiantes cursen algún tipo de formación postsecundaria. Sin embargo, muchas de estas experiencias no requieren un título de bachillerato de cuatro años. Los colegios comunitarios, los colegios técnicos, los programas de aprendizaje, los programas patrocinados directamente por los empleadores y los servicios militares desempeñan un papel importante a la hora de proporcionar estas experiencias de educación y formación. Desafortunadamente, muchos estudiantes no reciben el asesoramiento y la formación profesional necesarios en los últimos años de su educación secundaria para realizar una transición adecuada a estas oportunidades de formación y educación tras su graduación en la escuela secundaria.
Boscola es el principal promotor de una ley que obligaría a todos los distritos escolares locales a elaborar un plan de educación individual para garantizar que la experiencia de cada estudiante en la escuela secundaria contemple y le prepare para una carrera profesional. "Tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para que los niños tomen pronto el buen camino. Muchos no conocen todas las opciones de que disponen hasta que ya han seguido otro camino", dijo Boscola. "En esta economía no hay tiempo para volver a empezar. Esta legislación les daría las herramientas y la información que necesitan para tomar estas decisiones que, en última instancia, pueden repercutir en toda su vida."
Programa de verano para jóvenes
Los programas de empleo de verano pueden proporcionar un valioso servicio público a la vez que ofrecen a los jóvenes una valiosa formación y experiencia profesional. Esta medida se centraría exclusivamente en las oportunidades de empleo de verano para jóvenes en los parques estatales y las instalaciones recreativas municipales de toda la mancomunidad. El Departamento de Conservación y Recursos Naturales de Pensilvania (DCNR) administraría directamente los puestos de trabajo creados en los parques estatales, mientras que los gobiernos locales podrían solicitar al DCNR subvenciones, no superiores a 2.500 dólares por puesto de trabajo, para experiencias laborales en instalaciones recreativas locales. Se calcula que podrían crearse unos 10.000 puestos de trabajo al año gracias a una transferencia de 25 millones de dólares del Fondo del Petróleo y el Gas.
La senadora Shirley Kitchen presentará la ley esta semana. "Se trata de una situación en la que todos ganan", declaró Kitchen (demócrata de Filadelfia). "No sólo los jóvenes aprenderán valiosas habilidades laborales y adquirirán experiencia laboral, sino que también se beneficiarán nuestros parques estatales y otras áreas recreativas, que se vieron especialmente afectadas por la batalla presupuestaria de la primavera pasada y los duros recortes resultantes."
Programa de formación de la AP para las operaciones de perforación de Marcellus Shale
La perforación de Marcellus Shale ha supuesto un gran impulso económico para muchas zonas de nuestro Estado. Por desgracia, un número significativo de los trabajadores empleados actualmente en estos lugares de trabajo siguen siendo personas de fuera de Pensilvania. Cuando aprobemos una tasa de perforación para los operadores de Marcellus Shale a finales de este otoño, una reserva anual de 5 millones de dólares debería financiar programas de formación especializados, administrados a través de grupos sindicales locales, para dar a los ciudadanos de Pensilvania las habilidades necesarias para ocupar estos puestos de trabajo. Una parte de estos fondos debería destinarse específicamente a desarrollar y dotar de personal un centro de llamadas, dando preferencia a los discapacitados para ocupar estos puestos de trabajo. La tasa de desempleo entre los discapacitados es casi un 50% superior a la del resto de la población activa.
La senadora Christine Tartaglione es la principal promotora de esta medida. "Mi proyecto de ley reservaría una parte de los ingresos procedentes de un impuesto sobre la extracción de Marcellus Shale para desarrollar programas de formación especializada para empleos en la industria del gas. Los recientes recortes en la educación superior han hecho que la universidad sea menos probable para miles de personas. Con un programa de formación especializado orientado a las diversas partes de la extracción, almacenamiento y transporte de gas natural, podemos poner a los habitantes de Pensilvania de nuevo a trabajar", dijo Tartaglione (D-Filadelfia). "Al tiempo que impulsamos la formación especializada para puestos de trabajo en la industria del gas, también presionaremos para asegurarnos de que este esfuerzo involucre a todos los ciudadanos de Pensilvania que quieran trabajar. Mi proyecto de ley pide el desarrollo y la dotación de personal de un centro de llamadas para conectar a los trabajadores dispuestos con el programa de formación adecuado y para que ese centro de llamadas sea atendido por personas con discapacidad."
Incentivos para el crecimiento de las empresas propiedad de mujeres y minorías
Estamos haciendo un esfuerzo renovado para fomentar el crecimiento de las pequeñas empresas propiedad de mujeres, minorías, veteranos u otras personas desfavorecidas, ofreciéndoles una serie de incentivos. El proyecto de ley 696 de la senadora LeAnna Washington, que se presentó como parte de nuestro paquete original de PA Works, prevé un programa estatal de garantía de fianzas, apoyo de mentores y protegidos, un programa de reserva del 10% para contratos estatales y otros objetivos e incentivos para aumentar las oportunidades de empleo de estas empresas.
"Las empresas propiedad de mujeres, minorías y veteranos aportan algo diferente que no se ve todos los días en todas las empresas", dijo Washington (D-Filadelfia/Montgomery). "Las mujeres conocen de primera mano algunas de las barreras que se interponen a la hora de seguir una carrera profesional y el tirón de otras responsabilidades. Las minorías y los veteranos propietarios de empresas pueden ser un poco más sensibles a las dificultades para encontrar trabajo debido a los obstáculos y las altas estadísticas de desempleo a las que se enfrentan."
Programa de Empleo y Formación "Empleos Verdes
El proyecto de ley 687 del senador Kitchen, que también se presentó como parte de nuestro paquete original PA Works, crea el Programa de Formación de la Fuerza Laboral Verde. El programa proporcionaría 5 millones de dólares anuales durante cada uno de los próximos tres años fiscales al Departamento de Trabajo e Industria para conceder subvenciones a escuelas técnicas de formación profesional, colegios comunitarios, instituciones de educación superior públicas o privadas, organizaciones laborales o escuelas con licencia privada. Las subvenciones se utilizarían para desarrollar programas de formación en carreras relacionadas con las energías renovables emergentes o la eficiencia energética.
"Si queremos salir de esta depresión económica y competir en una economía nacional y mundial, es esencial contar con una mano de obra bien formada", afirmó Kitchen. "Uno de los ámbitos con gran potencial para nuestras perspectivas económicas es el sector de los empleos verdes. Es una industria emergente en la que debemos invertir si queremos que Pensilvania avance."
El Dr. Thomas Rushton, director del Monroe Career & Technical Institute, también compartió sus experiencias de primera mano con la transición de la escuela al trabajo y dio su opinión sobre cómo un programa como el presentado por el senador Boscola beneficiaría a los estudiantes con los que trata en el condado de Monroe.
El Director de PennEnvironment, David Masur, participó y compartió información sobre el impacto potencial de la Ley 687 del Senado y el Programa de Formación de Mano de Obra Verde.
Para más información sobre el programa PA Works Now, visite http://www.pasenate.com.
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by Christin Brown | Octubre 6, 2011 | News Releases
Philadelphia, Oct. 6, 2011— The Senate Democratic Policy Committee today heard from various stakeholders in the effort to modernize Pennsylvania’s liquor sales system in a way that will keep up consumer demand while continuing prevention of abuse and underage drinking.
“Pennsylvania has a unique system that returns money to state taxpayers and curbs the profit incentive for sales,” said Sen. Lisa Boscola, who chairs the policy committee. “The committee wanted to know how we can keep the controls in place while accommodating changing consumer preferences.”
The committee convened at Congeso de Latinos Unidos, in North Philadelphia, where representatives of liquor store employees, the state Liquor Control Board, and local clergy discussed various proposals for updating the system.
The Liquor Control Board operates more than 600 retail stores in Pennsylvania, staffed by employees whose primary concerns are preventing underage drinking and alcohol abuse. The LCB also oversees thousands of licensees, like bars, restaurants and vineyards.
“The system we have in Pennsylvania has numerous benefits to taxpayers and consumers,” Tartaglione said. “Employees of the stores make good wages, which bolsters the local economy, and they are not motivated to sell more to make that wage. That’s an important part of our goal to promote responsible, legal consumption.”
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Senator Tartaglione says modernization of state store system, not privatization, will make it more customer-friendly.
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Liquor Control Board CEO Joe Conti explained proposals for modernizing the liquor system that include giving the LCB more flexibility in purchasing and pricing that would help create more choice for consumers and return for taxpayers.
“We have a long list of ideas that could make the system more consumer friendly, efficient and profitable,” Conti said. “We need the legislature to give us the flexibility to implement them.”
Tartaglione said it was important to also hear from local religious leaders to address their concerns about the possibility that more convenience could lead to more abuse.
Rev. Bonnie Camarda, President of the Latino Clergy of Philadelphia, said religious leaders are opposed to Domingo sales, but have been able to accept it as something customers want. But expanding Domingo hours, or turning the liquor system over to private enterprise is a major concern.
“My biggest fear is that on every corner of North Philadelphia there’s going to be a liquor store,”Camarda said. “I don’t know what would happen in this community.”
Senate Democratic Leader Jay Costa, of Allegheny County said the main reason he traveled to Philadelphia for the hearing was getting local perspective.
“With the proposals being put forth this session, it’s very important that we gather as much information as possible. We must very carefully assess the impact privatization will have on all communities,” Sen. Jay Costa. “We’re in North Philadelphia today because the concerns here are probably not the same as they are in the suburbs or in rural counties. We want to make sure we hear as many perspectives as possible.”
Tartaglione, who hosted the hearing in her Senate district, said she invited Camarda because she knows that treating drug and alcohol addiction are a primary concern of many community groups.
“We’re all aware of the effect alcohol consumption has on our neighborhoods,” Tartaglione said. “That’s probably the most important reason to keep tight controls on sales, even if we relax rules about hours and pricing.”
Many of the liquor restrictions that consumers find inconvenient are not produced by the LCB, but are enshrined in decades-old state law, officials said.
LCB officials asked for relaxation of the liquor code to allow for more of its stores to be open on Domingo and the ability to adopt modern Consumer Relations Marketing that could be tailored toward regular customers.
The push toward privatizing the liquor system, rather than modernizing it, would cost Pennsylvania jobs at a time when unemployment is on the rise would affect thousands of workers and all taxpayers, said Wendell Young IV, President of the United Food and Commercial Workers Union.
“Privatization will result in 5,000 Pennsylvanians being fired so that a few well-connected entrepreneurs can profit,” Young said. “This makes no sense considering that the PLCB is profitable, provides good jobs and all the money stays here in Pennsylvania.”
Boscola said the hearing produced valuable information about the future direction of the state’s liquor system.
“Making the liquor stores more customer friendly will mean keeping thousands of family-sustaining jobs in local communities as the economy slowly recovers,” she said.
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by Christin Brown | Septiembre 27, 2011 | News Releases
HARRISBURG, Sept. 27, 2011 — Pennsylvania Senate Democrats representing urban communities today called the Republican plan to change the Electoral College voting process a “blatant attempt to gerrymander votes during presidential election cycles.
“We continuously tell people ‘Your vote counts,’ but the Republican leadership in the House and Senate are making a blatant attempt to discourage voting in typically Democratic urban areas,” said state Sen. Shirley Kitchen (D-Phila.), chair of the Senate Philadelphia Delegation, at a Capitol news conference. “What they are saying to my constituents and people living in cities is that their vote should not count equally.”
Pennsylvania presidential electors cast all votes for the candidate who wins the state’s popular vote, but under Senate Republican Majority Leader Dominic Pileggi’s (R-Chester) plan, presidential candidates would receive one vote for each Congressional district he or she wins.
“From the voter ID legislation to the Electoral College proposal, they are bent on putting obstacles in the way of participation,” Kitchen said. “Under this Electoral College plan, the voice of the people of Pennsylvania is not a collective one; it’s divided into blocks of communities. If the Republicans believe the system is broken, why rush to change the process? I think we know the answer. They are concerned about the outcome of the 2012 election and accommodating national Republicans who have been unable to win Pennsylvania one election after another. It’s pure politics.”
Sen. Mike Stack (D-Phila.) said the Republican plan would have a major impact on Pennsylvania’s economy.
During the 2008 campaign, President Barack Obama raised $8.55 million and Sen. John McCain raised $3.26 million in the Philadelphia area alone.
“Every visit by a candidate brings a crowd, from the candidate’s staff and family to the media to the general public. These individuals need to eat. They need a place to stay. They need to gas up their vehicles,” Stack said. “Presidential elections are an economic boom for Pennsylvania, especially in our urban areas where candidates often focus their attention. For every campaign stop, people are put to work. Money is spent.
“Most important of all, the candidates pay attention to us because they know Pennsylvania’s electoral votes matter,” Stack said. “Yet the Republicans want us to change to an Electoral College process that only two other states — Nebraska and Maine — utilize. They’re not battleground states. They barely make the Radar during presidential election cycles.”
Pennsylvania is the sixth most populous state, whereas Nebraska is 39th and Maine is 42nd.
During the 2004 presidential elections, the Bush and Kerry campaigns and their affiliated interest groups spent a total of $36 million on advertising here. Pennsylvania was among the top five states that both presidential candidates visited, and we received the third highest percentage of television ad time that year.
Contrarily, Maine was targeted 13th in television ad time and received exactly one visit from Sen. John Kerry. Nebraska wasn’t even a factor in television advertising, nor did the candidates stop there.
“The current system gives our economy a nice little kick and brings national attention to the Keystone State at a time when we really could use it,” Stack said. “I oppose Senator Pileggi’s legislation and strongly urge the General Assembly to consider the implications of the measure. We need to focus our priorities on what’s best for Pennsylvania, not what’s best for a political affiliation.”
Sen. Tina Tartaglione said the legislation is essentially an acknowledgement that Republicans can’t win without changing the rules.
“They are telling their own candidates for president that Pennsylvania is lost and the best they can do is attempt a risky, pre-emptive attack on a 200-year-old system,” said Tartaglione (D-Phila.). “Newspapers and good-government groups across the state have expressed outrage. Republicans and Democrats alike have warned of the consequences of arrogance. Controlling the redistricting and then altering the election count along the lines of the districts is a broad overreach and it will ultimately backfire.”
Sen. Larry Farnese said the Republicans should focus on the real issues impacting Pennsylvania, including high unemployment numbers, rather than politics.
“This proposal once again shows that under Republican leadership we have a priority problem in Harrisburg,” said Farnese (D-Phila.). “Instead of focusing on getting people back to work, we’re trying to fix elections by changing how votes are counted instead of how people vote.”
Sen. Vincent Hughes said the measure has been tainted by partisan politics.
“This is a political power grab,” said Hughes (D-Phila./Montgomery). “It’s an attempt to disenfranchise all Pennsylvania people and advance only a certain sector.”
The Senate State Government Committee will hold a public hearing to address this legislation on Martes, Oct. 4 at 11 a.m. in Hearing Room 1 of the North Office Building in the Capitol in Harrisburg.
Sen. Anthony H. Williams, Democratic chairman of the committee, encouraged the public to submit written testimony or attend the public hearing.
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by Christin Brown | Septiembre 26, 2011 | News Releases
HARRISBURG, Sept. 26, 2011 – Hundreds of local seniors packed the gymnasium at Camelot’s Excel Academy for state Sen. Christine M. Tartaglione’s annual Senior Expo.
Sen. Tartaglione greets visitors to her Senior Expo at Camelot's Excel Academy. Click on photo to view gallery.
“This is always the best event of the year,” Tartaglione said. “It brings together seniors from my district with students who put in a lot of effort to host them at the school. Everybody has fun and everybody learns something.”
The Senior Expo featured dozens of exhibitors with products and services that can help seniors navigate the sometimes complicated system of services available to them.
“Getting face-to-face answers to questions makes some important decisions easier,” Tartaglione said. “The Senior Expo gives them a chance to keep up with a rapidly changing world.”
Students from Camelot’s Excel Academy helped transform their gymnasium into a crowded marketplace that included free help from state, federal and city agencies, as well as vendors ranging from home security systems to therapeutic footwear.
“We keep coming back here because the students and staff at Excel Academy do such a great job welcoming everyone,” Tartaglione said. “The community gets a chance to see what locals students can do with the right mentorship and guidance.”
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by Christin Brown | Julio 15, 2011 | News Releases
HARRISBURG, Julio 15, 2011 – State Sen. Christine M. Tartaglione today praised the city’s Latino leaders for coming to agreement on the handling of this year’s “Puerto Rican Festival.”
“For many years, leaders in the Latino community have worked to create an environment of harmony and understanding in Philadelphia’s neighborhoods,” Tartaglione said. “Putting an end to the controversy surrounding the annual Puerto Rican Festival shows that they can apply the same values to the relationship among the various advocacy groups.”
The Committee to Rescue Our Puerto Rican Heritage and Council of Spanish Speaking Organizations (Concilio) have both announced that the city’s annual Puerto Rican Festival will retain that name for this year’s activities. The festival is a celebration and exposition of Puerto Rican and other Latino cultures in Philadelphia over the coming months, peaking with the Puerto Rican Day Parade on Sept. 25 along Benjamin Franklin Parkway.
by Christin Brown | Junio 30, 2011 | News Releases
HARRISBURG, 30 de junio de 2011 - La senadora estatal Christine M. Tartaglione ofreció esta noche una enmienda a un proyecto de presupuesto clave que habría evitado disturbios laborales en el proyecto de la prisión de Graterford.
"El proyecto de Graterford es un proyecto importante y su finalización a tiempo es fundamental para hacer frente a las necesidades de capacidad de las prisiones de la Commonwealth", dijo Tartaglione a la Comisión de Normas del Senado al ofrecer su enmienda al proyecto de ley 907 del Senado. "Un acuerdo laboral de proyecto es esencial para garantizar que eso ocurra".
En 2008, el Departamento de Servicios Generales suscribió un acuerdo laboral de proyecto con organizaciones sindicales del sureste de Pensilvania para garantizar "la paz y la armonía laboral mediante un compromiso de no huelga y no cierre patronal por parte de todo el personal implicado con el fin de cumplir el plazo de construcción".
El acuerdo fue ratificado posteriormente por el Tribunal Supremo del estado, pero hace tres meses el gobernador Tom Corbett volvió a licitar el proyecto y anuló el PLA.
A pesar del firme apoyo del líder demócrata Jay Costa, del condado de Allegheny, y del presidente demócrata de Apropiaciones, Vincent Hughes, de Filadelfia, la medida fue derrotada por una votación en línea de partido.
"Agradezco el apoyo de los senadores Costa y Hughes, que coincidieron en que mantener a todos los implicados en el proyecto trabajando y resolviendo sus diferencias sin retrasos es la mejor manera de garantizar el cumplimiento del plazo de construcción", declaró Tartaglione.
by Christin Brown | Junio 28, 2011 | News Releases
State Sen. Christine M. Tartaglione today released the following statement on the budget:
“Trying to spare wealthy corporations from any sacrifice during a difficult budget year, the governor and the majority have gutted programs that have been proven to be successful and cost effective. That kind of budgeting is shortsighted and lends itself more to glib sound bites than effective governing.
A key example is the absurd treatment of the Homeowners’ Emergency Mortgage Assistance Program (HEMAP), a model enterprise that has the strong support of the banking industry and been given a glowing review in Moody’s Weekly Credit Outlook.
The program has distributed more than $480 million in assistance on only $244 million in state appropriations while $260 million has been paid back to the program.
That simple math says the program is keeping families together, preserving communities, preventing blight and stabilizing the banking industry at no cost to taxpayers.
So, of course, this administration cut 80 percent of its funding.
It makes no sense.”
by Christin Brown | Junio 27, 2011 | News Releases
State Sen. Christine M. Tartaglione released the following statement about today’s budget vote in the Appropriations Committee:
“It’s been said many times that the state budget process is about choices. Sometimes, those choices are tough.
But the budget plan pushed through the Appropriations Committee today after unilateral negotiations is more about ignoring choices than making tough ones.
Teachers will be laid off and local property taxes will be going up across the state because the governor puts his promise to a lobbyist ahead of his obligation to education.
This budget is being promoted to protect large corporations that are intent on avoiding their obligations to other taxpayers.
More than half of the states that levy corporate income taxes have now adopted a ‘combined reporting’ requirement, making sure that corporations can’t form out-of-state shell companies to lower their state tax bills.
The Department of Revenue has estimated that combined reporting could recoup more than $500 million in lost tax revenue, enough to keep our teachers in their classrooms, protect hospitals and lower our highest-in-the-nation corporate net income tax.
Before the explosion of gas drilling in Pennsylvania’s Marcellus Shale, energy companies created hundreds of Delaware subsidiaries. Last year, 87 percent of drilling-related companies paid no corporate net income tax in Pennsylvania.
At the same time, laid off workers, struggling to recover from the recession, have gone back to work over the past 12 months and have contributed from their paychecks to a budget surplus that will hit $700 million by the middle of next week.
It is an insult to working families that the legislature and the governor will sit on that surplus and continue to let corporations play games with their tax bills and then claim we can’t afford to keep teachers in classrooms.
The same lawmakers who hyperventilate about $400 million in nebulous and unidentified welfare fraud have gone mute over $500 million in unpaid corporate income taxes.
That’s not making tough choices. That’s making a clear choice to ease the tax burden of multi-national corporations and dump it on the poor, the struggling and the sick.
If this budget is adopted, thousands of families across Pennsylvania will see property taxes go up as their children go back to school in more-crowded classrooms, while the state stashes their tax dollars and protects the profits wealthy corporations.
With tax policy that puts the burden on families, schools and hospitals, while giving a pass to energy and retail giants, it’s no wonder that Wall St. has recovered from the recession while working families continue to struggle.
Pennsylvania families should demand that their hard-earned dollars be used to educate their children, improve their communities and lower their local taxes.
This budget doesn’t do it.”
by Christin Brown | Junio 20, 2011 | News Releases
HARRISBURG, Junio 20, 2011 – Democratic lawmakers today introduced legislation that would blunt the Philadelphia School Reform Commission’s (SRC) attempt to violate seniority provisions in the existing teacher labor contract and then potentially cancel other labor agreements on Junio 30.
Senate Democratic Appropriations chair Sen. Vincent J. Hughes, Sen. Christine Tartaglione, Democratic chair of the Senate Labor and Industry Committee, House Democratic Education chair Rep. James R. Roebuck, Jr., and House Democratic Children and Youth chair Louise Bishop, all from Philadelphia, are sponsoring legislation, Senate Bill 1168 and House Bill 1699, aimed at preempting the SRC from overriding collective bargaining agreements relating to employee layoffs. The measures would also prevent the cancelling of labor agreements before the contract expires.
In dismissing teachers without regard to seniority and threatening to cancel valid contracts, the lawmakers argue that the SRC is exceeding its authority.
“Philadelphia teachers have been an active partner in trying to deal reasonably with the tough economic situation the school district faces,” Hughes said. “The teachers have made concessions and have worked within the collective bargaining framework.
“The teacher’s union has not been blind to the enormous fiscal challenges that the school district faces, but the SRC’s actions go way too far.”
The distressed schools law contains provisions that enable school districts to by-pass provisions in the state school code in certain situations. However, Hughes said that he does not believe that those provisions override a valid labor agreement negotiated in good faith.
Tartaglione, a leader on labor issues in the Senate, said that “contract provisions should not be subject to alteration after a labor agreement is reached, unless both sides agree to changes,” Tartaglione said. “The SRC agreed to the seniority provisions and they should honor their word and abide by the contract with the teachers union.”
Both Hughes and Tartaglione maintained that the law that allows the SRC to void contract provisions was not intended to be open-ended; and that the district and its teachers have had multiple collective bargaining agreements since 2001.
Roebuck said “the SRC should follow the process it negotiated and agreed to not only when it comes to laying off teachers but for all other provisions. There is a great need for the teachers and the district to work together in both solving the fiscal crisis and providing quality education to Philadelphia’s school students.
“There is no legislative mandate or desire to restructure negotiated labor agreements.”
Philadelphia Federation of Teachers President Jerry Jordan echoed the lawmakers’ call for legislation clarifying the powers of the SRC.
“We are in dire need of legislative clarity that defines the powers of the SRC relative to voiding contract provisions that were bargained for and agreed-to in good faith,” Jordan said. “The teachers in Philadelphia shouldn’t be held to different standards based on murky provisions in law.”
The lawmakers said that their legislation would reassert the intent of the original law and emphasize that the SRC’s power to alter labor contracts is limited. The measures have the strong support of Philadelphia delegations in both the Senate and House.
The Philadelphia School District is dealing with a funding shortfall of $629 million as a result of the loss of federal funds and state budget cuts proposed by Gov. Tom Corbett.
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by Christin Brown | Junio 17, 2011 | News Releases
HARRISBURG, 17 de junio de 2011 - La senadora estatal Christine M. Tartaglione ha elogiado hoy la aprobación en el Senado de un proyecto de ley de compromiso que amplía las prestaciones por desempleo e introduce cambios que ayudarán a apuntalar el Fondo Fiduciario de Compensación por Desempleo.
"Agradezco que mis colegas hayan visto la conveniencia de preservar y ampliar las prestaciones durante los peores días del declive económico", dijo Tartaglione cuando el proyecto de ley 1030 del Senado se dirigía hoy a su aprobación. "Creo que todos somos conscientes de que el subsidio de desempleo no es sólo un salvavidas para los trabajadores despedidos y sus familias. La compensación por desempleo también ha sido fundamental para apuntalar la economía, preservar las pequeñas empresas y las comunidades a las que sirven.
Durante la recesión, se gastaron más de 15.000 millones de dólares en prestaciones para alimentos, hipotecas, servicios públicos y facturas médicas", dijo Tartaglione.
"Sin ese impacto económico, habríamos visto más desempleo, más ejecuciones hipotecarias y un agujero más profundo del que las familias tendrían que salir", dijo.
La Comisión de Trabajo e Industria del Senado tomó el texto del proyecto de ley 994 de Tartaglione y lo modificó para incluirlo en el proyecto de ley 1030, con el fin de permitir a Pensilvania adoptar una "perspectiva de tres años" y optar a una ayuda federal que ampliará las prestaciones a 130.000 trabajadores.
Las prestaciones ampliadas subvencionadas por el gobierno federal se activan en función de la tasa de desempleo de un estado durante un periodo de tiempo definido, denominado periodo "retrospectivo". Utilizando un periodo de dos años, Pensilvania no cumplía los requisitos el 21 de mayo, y 45.000 ciudadanos podrían haber perdido sus prestaciones a partir del 11 de junio. Se calcula que otros 90.000 habrían perdido las prestaciones ordinarias y no habrían podido optar a las prestaciones ampliadas hasta finales de año.
Las disposiciones del proyecto de ley de Tartaglione se modificaron en el proyecto de ley 1030 del Senado, como parte de una amplia reforma del desempleo que ahorrará dinero para el asediado Fondo Fiduciario de Compensación por Desempleo y exigirá que cualquier persona que cobre el desempleo busque activamente trabajo.
El proyecto de ley también incluye una propuesta de Tartaglione que autoriza los programas de "trabajo compartido", mediante los cuales los empresarios podrían reducir las horas de trabajo de los empleados como alternativa a los despidos y permitir a los empleados afectados recibir una indemnización por desempleo prorrateada por los salarios perdidos.
Los negociadores de la Cámara de Representantes y el Senado acordaron un proyecto de ley de compromiso que congela la cuantía máxima de las prestaciones e introduce otros cambios destinados a apuntalar el fondo fiduciario.
El Senado ha aprobado hoy por unanimidad el proyecto de ley de compromiso. Ahora se dirige a la mesa del gobernador.
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by sdcsapps | Junio 17, 2011 | News Releases
Philadelphia, Junio 17, 2011 – State Sen. Christine M. Tartaglione joined local bank executives, homeowners and consumer advocates in support of restored funding for Pennsylvania’s emergency mortgage assistance program.
At a news conference at City Hall, Tartaglione said preventing foreclosures is a key component of economic recovery.
“Over the next two weeks, I will be urging my colleagues to remember that keeping a family in their home is more than just good will. It’s good policy,” she said.
“It holds families together, which holds neighborhoods together, which holds communities together.”
Funding for Pennsylvania’s Homeowner Emergency Mortgage Assistance Program was eliminated in Gov. Tom Corbett’s budget proposal, announced in Marzo.
Tartgaglione said a projected state budget surplus should prevent cuts that would put homes and neighborhoods at risk.
“Restoring our commitment to HEMAP is an investment in people, neighborhoods, small businesses and big banks. It floats all boats,” she said. “Taking away the help when it is needed the most is bad public policy that will create more budget problems than it solves.”
Local banking officials agreed and joined Tartaglione to urge lawmakers to restore the funding in the final budget.
“We unequivocally support funding for HEMAP,” said Bill Smith, vice president for community banking at Citizen’s Bank. “HEMAP has been there to save the day.”
Supporter also heard from Sharon Greene, a Philadelphia homeowner who is working with the Philadelphia Unemployment Project to acquire HEMAP funding to prevent the foreclosure of her home.
“It’s not like you just stop working and stop paying the bills,” she said. “Things happen. And keeping your home means keeping families together.”
HEMAP was created by the legislature in 1983, and has distributed $211 and recouped $238 million in re-payments. More than 20,000 loans have been repaid with HEMAP support.
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by Christin Brown | Mayo 24, 2011 | News Releases
HARRISBURG, 24 de mayo de 2011 - La senadora estatal Christine M. Tartaglione ha elogiado hoy la aprobación en el Senado de un proyecto de ley de compromiso que amplía las prestaciones por desempleo e introduce cambios que ayudarán a apuntalar el Fondo Fiduciario de Compensación por Desempleo.
"Ha sido necesario un esfuerzo considerable y un examen honesto de nuestras prioridades para encontrar un equilibrio entre lo que es mejor para los despedidos y los que siguen trabajando y pagando impuestos", declaró Tartaglione. "Agradezco que mis colegas hayan visto la conveniencia de preservar y ampliar las prestaciones durante los peores días del declive económico. El proyecto de ley 1030 del Senado reconoce los continuos efectos de la recesión, así como el continuo déficit del fondo fiduciario."
Miles de desempleados de Pensilvania perderán sus beneficios federales extendidos el 11 de junio a menos que el estado haga cambios a su ley de desempleo requeridos para una extensión federal. El Comité de Trabajo e Industria del Senado tomó el lenguaje del proyecto de ley de Tartaglione (Proyecto de Ley del Senado 994), y lo modificó en el Proyecto de Ley del Senado 1030. Las prestaciones ampliadas subvencionadas por el gobierno federal se activan en función de la tasa de desempleo de un estado durante un periodo de tiempo definido, denominado periodo "retrospectivo". Utilizando un período de dos años, Pensilvania no cumplirá los requisitos después del 21 de mayo, y 45.000 ciudadanos perderían las prestaciones el 11 de junio. Se calcula que otros 90.000 perderían las prestaciones ordinarias y no podrían optar a las prestaciones ampliadas hasta finales de año.
Las disposiciones del proyecto de ley de Tartaglione forman parte de una amplia reforma del desempleo que ahorrará dinero al asediado Fondo Fiduciario de Compensación por Desempleo y obligará a toda persona que cobre el paro a buscar trabajo activamente.
"Creo que todos somos conscientes de que el subsidio de desempleo no es sólo un salvavidas para los trabajadores despedidos y sus familias, sino que también ha sido fundamental para apuntalar la economía, preservar las pequeñas empresas y las comunidades a las que sirven", declaró Tartaglione. "Durante la recesión, se gastaron más de 15.000 millones de dólares en prestaciones en alimentos, hipotecas, servicios públicos y facturas médicas. Sin ese impacto económico, habríamos visto más desempleo, más ejecuciones hipotecarias y un agujero más profundo del que las familias tendrían que salir."
El proyecto de ley también incluye una propuesta de Tartaglione que autoriza los programas de "trabajo compartido", mediante los cuales los empresarios podrían reducir las horas de trabajo de los empleados como alternativa a los despidos y permitir a los empleados afectados recibir una indemnización por desempleo prorrateada por los salarios perdidos.
El proyecto de ley pasa ahora a la Cámara.
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by Christin Brown | Mayo 10, 2011 | News Releases
HARRISBURG, Mayo 10, 2011 – State Sen. Christine M. Tartaglione today praised colleagues for including provisions from her unemployment reforms in legislation that was unanimously reported out of a key Senate committee.
Thousands of unemployed Pennsylvanians will lose their extended federal benefits on Junio 11 unless the state makes changes to its unemployment law required for a federal extension. The Senate Labor and Industry Committee took language from Tartaglione’s bill (Senate Bill 994), and amended it to Senate Bill 1030, before voting unanimously to send the measure to the full Senate.
“We all understand the urgency of keeping families afloat as the job market very slowly recovers,” Tartaglione said. “I commend my colleagues for the compromise that will move this legislation quickly enough to send to the Governor’s desk before the deadline.”
Federally subsidized extended benefits are triggered by a state’s unemployment rate over a defined period of time, called a “look-back” period. Using a two-year look-back, Pennsylvania will not qualify after Mayo 21, and 45,000 Pennsylvanians would lose benefits on Junio 11. An estimated 90,000 more would lose regular benefits and not qualify for extended benefits through the end of the year.
Three weeks ago, Tartaglione introduced Senate Bill 994 to make the technical change to Pennsylvania’s unemployment law to allow for the extension. Pennsylvania would join more than a dozen other states in extending the look-back period to three years, allowing thousands to keep their benefits as the job market begins to slowly recover. About 97 percent of the cost would be paid for by the federal government.
The provisions of Tartaglione’s bill were amended into Senate Bill 1030, as part of a comprehensive unemployment reform that will save money for the beleaguered Unemployment Compensation Trust Fund and require anyone collecting unemployment to actively look for work.
El proyecto de ley también incluye una propuesta de Tartaglione que autoriza los programas de "trabajo compartido", mediante los cuales los empresarios podrían reducir las horas de trabajo de los empleados como alternativa a los despidos y permitir a los empleados afectados recibir una indemnización por desempleo prorrateada por los salarios perdidos.
“Unemployment benefits not only help families through the Great Recession, but they also help local businesses and other service providers by putting cash into the local economy when it needs it most.”
Tartaglione, the Democratic Chair of the Senate Labor and Industry Committee, said she hopes the Senate will quickly consider the bill.
by Christin Brown | Mayo 2, 2011 | News Releases
HARRISBURG, 2 de mayo de 2011 - La senadora estatal Christine M. Tartaglione, junto con sus colegas demócratas, instó hoy al Departamento de Hacienda del estado a auditar agresivamente las declaraciones de impuestos de las empresas de perforación de Marcellus Shale a la luz de la proliferación de filiales de Delaware.
"El auge de la perforación de gas natural en Pensilvania se ha visto reflejado en un aumento similar del número de filiales de Delaware registradas por las empresas energéticas de Marcellus Shale", dijo Tartaglione. "Todos los contribuyentes de Pensilvania deberían cuestionarse la razón de estas numerosas filiales y buscar garantías de que las empresas energéticas están pagando su parte de impuestos estatales".
(PULSE AQUÍ para obtener información detallada)
Tartaglione es el principal promotor del proyecto de ley 679 del Senado, que obligaría a las empresas de Pensilvania a presentar "informes combinados" y cerraría la "laguna legal de Delaware".
"Casi tres cuartas partes de las empresas de Pensilvania no pagan impuesto sobre la renta y el 80% paga menos que la familia media de cuatro miembros", dijo Tartaglione. "Al mismo tiempo, el número de entidades empresariales registradas en Delaware en los últimos 20 años ha saltado de 6.000 a más de 115.000. El Departamento de Hacienda de Pensilvania debería vigilar de cerca esta actividad". El Departamento de Hacienda de Pensilvania debería vigilar de cerca esta actividad".
Tartaglione señaló que en los últimos cinco años se han registrado cientos de entidades comerciales de Delaware a nombre de empresas de perforación de Marcellus Shale, a pesar de que Delaware no tiene ni un solo pozo de gas.
"En lugar de hacer recortes atroces a la educación y los servicios sociales, Pensilvania debería hacer todo lo que esté en su mano para asegurarse de que se cumplen sus tipos impositivos y de que ninguna persona o empresa puede jugar a la contabilidad para eludir su parte", dijo el líder demócrata del Senado, Jay Costa. "Las empresas que rinden cuentas justas de sus ingresos están pagando la tasa del impuesto de sociedades más alta de la nación porque dejamos que las empresas más grandes se libren".
Hace varios años, el Departamento de Hacienda calculó que se podrían recuperar 400 millones de dólares en impuestos de sociedades adoptando una norma de información combinada, como ya han hecho 23 estados.
Frente a los drásticos recortes en educación esbozados en el discurso presupuestario del gobernador Corbetts, los defensores de la legislación de Tartaglione dijeron que preservar las lagunas fiscales es inconcebible.
"Es sencillamente un error recortar los fondos destinados a los universitarios, los profesores y las personas mayores, suprimir más puestos de trabajo en lugar de perseguir a las empresas que evaden impuestos y se esconden en Delaware, o a las empresas de perforación de fuera del estado que extraen nuestros recursos", declaró el presidente de Pennsylvania AFL-CIO, Rick Bloomingdale.
Tartaglione pide al Departamento de Hacienda que emita una nueva estimación de buena fe basada en la proliferación de entidades empresariales de Delaware y la expansión de la prospección de gas en Pensilvania.
"Pido que su departamento audite de forma agresiva las declaraciones de las entidades de la industria del gas, especialmente en lo que se refiere a los gastos y deducciones reclamados por las empresas de Delaware", escribió Tartaglione en una carta dirigida al Secretario de Hacienda en funciones, Dan Meuser.
La semana pasada, el departamento rebatió las conclusiones del Pennsylvania Budget and Policy Center, según las cuales el 85% de las empresas relacionadas con el Marcellus no pagaron impuestos sobre la renta en los dos últimos años.
"Necesitamos una evaluación precisa del problema, no la defensa de una industria frente a otra", dijo Tartaglione.
by Christin Brown | Mayo 2, 2011 | News Releases
Delaware Loophole – Background
Delaware has no corporate tax on income from “non-tangible assets,” such as leases, trademarks, royalties and copyrights.
Large corporations form Delaware subsidiaries and transfer ownership of such assets, then makes steep payments for the use of the assets, making them deductible expenses in Pennsylvania.
The toy store ToysRUs owns a Delaware company called Geoffrey Inc. that collects royalties from local stores for using its giraffe logo.
Most of the Delaware subsidiaries have no employees, and simply exist to collect revenue and redistribute it.
On building at 1209 N. Orange St. in Wilmington, is headquarters for 6,500 registered companies but has only 35 parking spaces.
More than 700 corporations are headquartered in five floors of a downtown Wilmington high rise.
WalMart and Home Depot have real estate investment trusts in Delaware that collect lease payments from local stores.
Delaware’s corporate registry skyrocketed in the early 1990s when corporate accountants began to catch on to using the loophole, peaking two years ago when the state registered 121,000 new corporations – or one per minute of the business day.
With a population one-twelfth the size of Pennsylvania’s, Delaware collects half as much corporate tax revenue, simply from the small fee to register corporations.
Nearly three quarters of Pennsylvania corporations pay no income tax.
Pennsylvania’s revenue department estimated several years ago that combined reporting could bring more than $400 million in tax revenue back to the state.
That loss of revenue contributes to Pennsylvania having the highest corporate net income tax in the nation, an unfair burden to businesses that don’t use Delaware subsidiaries.
The Marcellus Shale/Delaware Boom
According to the Pennsylvania Budget and Policy Center, only 15 percent of 783 Marcellus exploration companies paid Corporate Net Income taxes in 2008.
A significantly larger number of drillers — including nine of the top 10 permit holders in the Marcellus Shale — structure their businesses as limited liability companies (LLCs) or limited partnerships (LPs). This allows them to avoid the corporate net income tax altogether and pay the much lower personal income tax on company profits.
Using the Delaware Division of Corporations on-line database, the Communications and Issues Development Office has identified more than 400 Delaware subsidiaries linked to Marcellus Shale gas exploration.
Nearly half of these companies have been incorporated in the past four years when gas exploration in Pennsylvania began to take off.
According to the Center for Budget and Policy Priorities, there are numerous ways that the Delaware subsidiaries can be used to shift income to tax-free companies in Delaware. They include:
- Royalty payments
- Technology and formula trademarks
- Land leases
Nearly every company drilling, processing or transporting gas in Pennsylvania has at least one, and usually several, Delaware subsidiaries.
One of the largest, Anadarko, has 89 corporations registered in Delaware.
The entities found through the database search represent only companies that can be identified as having the same name as the parent. Perhaps hundreds more exist through other entities, partnerships, mergers and investments.
It is also plausible that the mystery surrounding the actual ingredients and ratios of the fracking fluid are due to corporate trademarks on the formula that are the property of Delaware passive investment companies.
The Pipeline: Examples
Blowout sends frack fluid, stock price soaring — On the day after (Abril 20) the blowout of a Chesapeake Energy gas well in Bradford County, Reuters reported a multi-national buyout of Frac Tech a fracking company owned partially (25 percent) by Chesapeake. The reported deal would pay Chesapeake cash and increase its stake in Frac Tech to 30 percent. Despite the blown-out well, Chesapeake stock rose nearly 3 percent that day. Nine days earlier, on Abril 11, a new company appeared at 1209 N. Orange Street in Wilmington – Frac Tech International LLC. It joined siblings Frac Tech Services (9/29/10) and Frac Tech Horizons (12/29/06) at that location.
A birth in the family – In Enero of 2009, MarkWest Energy Partners, L.P. and NGP Midstream & Resources, L.P., announced the formation of a new company to build a gas processing plant in Southwestern Pa. The first work was done in Delaware, where the new venture — MarkWest Liberty Midstream & Resources, LLC – was incorporated at 1209 N. Orange St. on Jan. 20. 2009. Four months later, the facility opened in Washington County, PA. MarkWest has 17 entities registered in Delaware; NGP has as many as 100.
Too much paperwork — While the drilling companies have been aggressive at keeping up with the paperwork for hundreds of corporate subsidiaries, they have not been so productive with state regulators.
In 2010, 41 of 74 companies missed the Agosto 15 deadline for filing production reports with the state Department of Environmental Protection.
Two of those companies was Carrizo (Marcellus) LLC and Carrizo Oil and Gas, according to DEP. Carizzo was busy giving birth to a new Delaware subsidiary (Carrizo Marcellus WV LLC) on Agosto 18, 2010. Nine days after the deadline, Carrizo still had not filed its production report in Pennsylvania.
It’s the same story for Atlas Resources which skipped the DEP deadline, but filed a new subsidiary in Delaware, Atlas Resources Series 29-2010 LP, on Agosto 17, according to the Delaware Division of Corporations.
EXCO Holding PA Inc. is registered in Delaware….Penn Virginia has 14 Delaware entities, all at 1209 N. Orange St…..PVR Radnor is not in Radnor. It’s in Delaware at 1209 N. Orange, but so is PVR North Texas and PVR Lexington and PVR Savannah….Range Resources is perhaps the granddaddy of them all, having been registered in Delaware for more than 30 years, but there have been lots of new kids on the block at 2711 Centerville Road.
Taking Action
Sen. Tartaglione is asking the Department of Revenue to audit the general activity of companies listed on the latest Department of Environmental Protection Marcellus Production Report as they relate to expenses charged to Delaware corporations.
In the fall of 2010, there were 74 companies listed on the report.
In a letter to acting Secretary of Revenue Dan Meuser, senators will seek a report on corporate net income taxes paid for 2010 by these companies, including:
- Total deductions taken for expenses to out of state companies
- Total deductions taken for expenses to Delaware companies
- A good-faith estimate of revenue that could be recovered by requiring combined reporting
Sen. Tartaglione is calling for immediate consideration of Senate Bill 679, requiring “combined reporting” to close the loophole.
Five years ago only 16 states, representing 29 percent of the U.S. economy used combined reporting. Now 23 states have adopted the practice – representing nearly two-thirds of of the economy.
Combined reporting would add little to corporate accounting because three quarters of companies that would be affected already do business in states that require combined reporting.
Between 1990 and 2007, of the eight states that saw manufacturing job gains, seven required combined reporting.
Most of the large corporations that would be affected by reform in Pennsylvania maintain facilities and workers in numerous combined-reporting states year-in and year-out.
by Christin Brown | Mayo 2, 2011 | News Releases
HARRISBURG, 2 de mayo de 2011 - El plan presupuestario ofrecido ayer por los republicanos de la Cámara de Representantes ignora los remedios obvios para los problemas presupuestarios de Pensilvania y el asimétrico sistema de impuestos a las empresas, dijo hoy la senadora estatal Christine M. Tartaglione.
"Es mejor que lo que propuso el gobernador Corbett, pero apenas", dijo Tartaglione. "Es la misma canción con un nuevo arreglo: Recorta a los necesitados; salva a los codiciosos".
La propuesta del Partido Republicano de la Cámara de Representantes no aborda el creciente juego de la evasión fiscal de las empresas, a pesar de que el 85% de las empresas que participan en la industria del gas de Marcellus Shale, en rápida expansión, no pagan impuestos de sociedades.
"La insistencia en preservar las lagunas jurídicas para los grandes perforadores y los grandes minoristas mientras se recortan los programas educativos y familiares no sólo es fundamentalmente errónea", dijo Tartaglione. "Es una política económica miope que oscurece el futuro en favor de los beneficios energéticos a golpe de talonario".
Tartaglione, que recientemente reveló la existencia de cientos de filiales de Delaware de reciente creación relacionadas con la industria del gas, es el principal patrocinador del proyecto de ley 679 del Senado, que exigiría "informes combinados" a las empresas de Pensilvania y cerraría la "laguna de Delaware."
"El requisito de información combinada se dirige simplemente a las empresas que eluden sus obligaciones fiscales utilizando buzones de correo de fuera del estado", declaró Tartaglione. "Todos queremos que las empresas tengan éxito y que la economía crezca. La mejor manera de conseguirlo es crear un sistema de fiscalidad empresarial que sea justo para todas las empresas, grandes y pequeñas."
Hace varios años, el Departamento de Hacienda del estado calculó que se podrían recuperar 400 millones de dólares en impuestos de sociedades adoptando una norma de información combinada, como ya han hecho 23 estados. Con la creación de cientos de nuevas filiales en Delaware, los ingresos perdidos por esta laguna podrían aumentar drásticamente, según Tartaglione.
by Christin Brown | Abril 26, 2011 | News Releases
HARRISBURG, Abril 26, 2011 – Sen. Christine M. Tartaglione today announced the introduction of legislation intended to prevent as many as 135,000 laid-off workers from losing unemployment benefits.
“The economic recovery has been strong on Wall Street, but slow on Main Street,” Tartaglione said. “Banks and large corporations are making money, but hiring hasn’t caught up. Protecting benefits for workers means protecting homes, families and entire communities.”
Federally subsidized extended benefits are triggered by a state’s unemployment rate over a defined period of time, called a “look-back” period. Using a two-year look-back, Pennsylvania will not qualify after Mayo 21, and 45,000 Pennsylvanians would lose benefits on Junio 11. An estimated 90,000 more would lose regular benefits and not qualify for extended benefits through the end of the year.
Tartaglione’s bill, Senate Bill 994, would make the technical change to Pennsylvania’s unemployment law to allow for the extension. If passed, Pennsylvania would join more than a dozen other states in extending the look-back period to three years, allowing thousands to keep their benefits as the job market begins to slowly recover. About 97 percent of the cost would be paid for by the federal government.
Tartaglione, the Democratic Chair of the Senate Labor and Industry Committee, said she hopes the committee and the full Senate will move it quickly.
“It’s important to remember that unemployment benefits don’t just provide income for jobless workers,” Tartaglione said. “The benefits sustain local businesses and local communities by keeping families solvent and in their homes. This bill would help ensure continued progress in the economic recovery.”
by Christin Brown | Abril 15, 2011 | News Releases
Filadelfia - 15 de abril de 2011 -La presidenta del Comité de Política Demócrata del Senado, Lisa Boscola (D-Northampton/Lehigh/Monroe), dijo que los demócratas perfeccionarán su plan de empleo y desarrollo económico PA Works con muchas de las ideas ofrecidas en la mesa redonda de ayer en Filadelfia.
"Pensé que los expertos laborales, empresariales, gubernamentales y de formación de la región que participaron en el debate de ayer tenían algunas grandes ideas para conseguir que la gente vuelva a trabajar", dijo Boscola. "Mi comité seguirá buscando aportes locales a medida que visitamos diferentes regiones del estado y discutir aspectos de nuestro paquete legislativo "PA Works"."
Mark Boyd, presidente y director general de Goodwill Industries, habló de la necesidad de consolidar y hacer más eficientes y eficaces los programas de formación para el empleo. Pidió que se simplifiquen los sistemas de contratación y se haga más hincapié en la búsqueda de oportunidades laborales para discapacitados, personas sin estudios y ex delincuentes.
"Ofrecería cero impuestos a las empresas que trajeran a Pensilvania empleos manufactureros bien remunerados", añadió Boyd.
Everett Gillison, teniente de alcalde de Seguridad Pública de Filadelfia, se mostró de acuerdo, sugiriendo que el desarrollo de la mano de obra es un componente importante de la seguridad pública y de la atracción de empresas a una comunidad. Ryan Boyer, director comercial del Laborers District Council, añadió: "El mejor programa social es un empleo".
Patrick Eiding, presidente del Consejo de la AFL-CIO de Filadelfia, afirmó que es necesaria una mayor coordinación entre los empresarios y los formadores laborales para garantizar que las personas reciben formación para los puestos de trabajo existentes a largo plazo. También sugirió hacer mayor hincapié en la oferta de incentivos para atraer a más empresarios a Pensilvania.
"El 90% o más de los componentes de calefacción solar se fabrican en China", dijo Eiding. "¿Por qué no darles unas viejas instalaciones en Kensington, darles el edificio, cualquier crédito fiscal disponible y ayudarles a empezar?".
Todos los participantes en la mesa redonda elogiaron el paquete PA Works de los demócratas del Senado. Dijeron que ayudaría a que más gente trabajara y a que el Estado saliera de la recesión.
Boscola dijo que PA Works crearía más de 28.000 puestos de trabajo, mientras que en realidad ahorraría dólares de los contribuyentes estatales. Dijo que el plan demócrata movilizaría 2.000 millones de dólares en inversión privada para ayudar a poner a la gente a trabajar, recortar los impuestos a las empresas y ayudar a las pequeñas empresas a ser más competitivas, reconstruir la envejecida infraestructura del estado, fomentar el crecimiento de nuevas y prometedoras industrias de energía limpia y verde y reajustar los programas de formación de trabajadores.
Además de Eiding, Boyd, Boyer y Gillison estuvieron: Pat Merk, director de Salud y Seguridad del Finishing Trades Institute; Stacy E. Holland, copresidenta de la Philadelphia Youth Network; Liz Robinson, directora ejecutiva de programas de la Energy Coordinating Agency; y Gary Masino, presidente de la Sheet Metal Workers Local 19.
Los senadores que se unieron a Boscola fueron el líder demócrata del Senado Jay Costa (D-Allegheny), Shirley Kitchen (D-Phila.), Mike Stack (D-Phila.), Christine Tartaglione (D-Phila.), LeAnna Washington (D-Phila./Montgomery), Larry Farnese (D-Phila.), Vince Hughes (D-Phila./Montgomery), y John Blake (D-Lackawanna/Luzerne/Monroe).
por Christin Brown | 14 de abril de 2011 | Comunicados de prensa
Filadelfia- 14 de abril 2011 -State Sen. Christine M. Tartaglione se unió a sus colegas demócratas hoy para anunciar un plan de presupuesto que pone de relieve sus prioridades presupuestarias e incluye $ 1.14 mil millones en ahorros totales, nuevos ingresos y eficiencias.
En una rueda de prensa celebrada hoy en la Universidad de Temple, los demócratas ofrecieron el plan presupuestario en respuesta a la propuesta del Gobernador Tom Corbett de realizar profundos recortes en la educación básica y superior, la financiación de los servicios sociales, los fondos para hospitales, la atención sanitaria, la creación de empleo y los programas de los condados.
"Este plan da a la legislatura una opción viable para hacer crecer el empleo como una manera de salir de la recesión, en lugar de cortar el salvavidas a los residentes vulnerables de Pensilvania y detener el progreso que hemos hecho en la educación", dijo Tartaglione. "Debería ser el inicio de un diálogo que nos haga avanzar".
El plan demócrata utiliza los fondos generados por el ahorro de costes, los ingresos y las innovaciones para restablecer la financiación crítica de la educación básica y superior, los programas de red de seguridad, las ayudas hipotecarias y otros programas vitales.
El plan demócrata del Senado incluye ahorros, ingresos y eficiencias por valor de 1.140 millones de dólares:
- 750 millones de dólares de ahorro gracias a iniciativas de responsabilidad fiscal en Bienestar Público, Instituciones Penitenciarias, contratación pública y maximización de los ingresos;
- 290 millones de dólares de ahorro generados a través de un plan de equidad fiscal que incluye un gravamen fiscal a Marcellus Shale pero elimina otras exenciones fiscales sugeridas por el gobernador;
- 100 millones de dólares procedentes de mayores ingresos de las tiendas estatales.
Los demócratas del Senado dijo que los nuevos ingresos y ahorros se pueden utilizar para restaurar las líneas de financiación clave que fueron recortadas en el plan de presupuesto de Corbett. Demócratas del Senado utilizaría los fondos para:
- Restablecer la financiación de la educación básica y superior a los niveles del ejercicio 2010-11;
- Restablecer programas esenciales del condado, como el Fondo de Desarrollo de Servicios Humanos;
- Salvar el HEMAP (Homeowners' Emergency Mortgage Assistance Program) y los programas de ayuda a la ejecución hipotecaria;
- Garantizar que los fondos del Acuerdo del Tabaco se destinan a la asistencia sanitaria;
- Financiar el programa AdultBasic con el dinero del acuerdo del tabaco;
- Mantener los programas básicos que crean empleo y proporcionan formación.
Los demócratas del Senado también señalaron que las estimaciones de ingresos incluidas en el presupuesto propuesto por el gobernador eran significativamente inferiores a las estimaciones de los demócratas del Senado. El presupuesto del gobernador indica que el superávit de ingresos sería de 78 millones de dólares, mientras que los demócratas del Senado estiman que los ingresos a final de año ascenderían a 300 millones de dólares.
Los líderes demócratas también afirmaron que los ingresos del Estado aumentarían si se crearan más puestos de trabajo. En consecuencia, los demócratas del Senado han propuesto un amplio plan de empleo denominado "PA Works", que crearía puestos de trabajo, movilizaría fondos privados y generaría inversión económica.
La conferencia de prensa en la que se anunció el plan fue seguida inmediatamente por una mesa redonda de la Comisión de Política Demócrata del Senado sobre la legislación de formación para el empleo, un componente clave del plan de acción de la AP.
por Christin Brown | 14 de abril de 2011 | Comunicados de prensa
Harrisburg, 14 de abril de 2011 - En respuesta a la audiencia de ayer del Comité de Derecho y Justicia del Senado sobre la modernización de las operaciones de la Junta de Control de Licores y en conjunción con el "Plan de Ahorro Presupuestario" de los Demócratas del Senado, tres senadores demócratas están dando a conocer una legislación destinada a modernizar las operaciones de las tiendas de vinos y licores de Pensilvania.
"Debemos seguir buscando formas de mejorar la eficiencia y la flexibilidad de la Junta de Control de Licores (LCB) y las tiendas de vino y licores en toda Pennsylvania", dijo el senador Jim Ferlo (D-Allegheny). "Podemos seguir mejorando la experiencia del cliente en las tiendas, mientras que la generación de millones en nuevos ingresos. Al modernizar la forma en que la LCB hace negocios, le permitimos operar con mayor eficacia y aprovechar todo el potencial de la agencia - para que la economía de Pensilvania pueda cosechar los beneficios."
La legislación, propuesta por Ferlo, el senador Vincent Hughes (D-Filadelfia/Montgomery) y la senadora Christine Tartaglione (D-Filadelfia) se centraría en las "3 P": Adquisiciones, Precios y Personal.
"La modernización de la PLCB es una parte integral del plan de ahorro presupuestario de 1.100 millones de dólares anunciado hoy por los demócratas del Senado", dijo Hughes. "Es un ganar-ganar para Pennsylvania. La modernización no sólo generará nuevos ingresos sustanciales para ayudar a compensar algunos de los recortes presupuestarios más atroces del gobernador, sino que también mejorará la experiencia del cliente y protegerá miles de empleos bien remunerados."
En concreto, la propuesta de modernización de la Junta de Control de Licores:
- Permitir a la LCB una mayor flexibilidad del Departamento de Servicios Generales y del Código de Adquisiciones del estado para adquirir bienes y servicios fuera de los parámetros del código y comercializar sus servicios fuera del estado. Esto proporcionaría ahorros y nuevas fuentes de ingresos adicionales para Pensilvania.
- Permitir que el LCB modifique el margen de beneficio y los precios proporcionales para reflejar mejor las condiciones del mercado. Esta parte de la propuesta incluye ofrecer un programa de marketing de relaciones con el cliente para mejorar la experiencia de compra. Esto podría generar nuevos ingresos de entre 20 y 70 millones de dólares.
- Permitir a la LCB contratar al margen de los requisitos de la Administración Pública. El LCB es una operación al por menor a diferencia de cualquier otro dentro del gobierno del estado. Los senadores dijeron que las pruebas de servicio civil y los requisitos a menudo no reflejan con precisión las habilidades necesarias para ser una tienda de vino y espíritu eficaz o empleado del almacén. Esta y algunas otras propuestas de personal podría resultar en un ahorro significativo, según los senadores.
"Al garantizar los derechos de negociación colectiva para los empleados de las licorerías, preservamos los empleos de sustento familiar que nuestra economía necesita", dijo Tartaglione. "Y el apoyo continuo a la contratación de veteranos debe seguir siendo una prioridad en Pensilvania".
Los senadores dijeron que se sienten alentados por la voluntad del presidente de la Comisión de Derecho y Justicia del Senado, el senador John Pippy (R-Allegheny), de mantener un diálogo abierto sobre el futuro del vino del Estado.
by Christin Brown | Abril 11, 2011 | News Releases
HARRISBURG, Abril 11, 2011 – The state Senate Appropriations committee today approved a measure that will ensure firefighters that they and their families will be protected financially if they contract cancer on the job, state Sen. Christine M. Tartaglione announced.
“We’ve made terrific progress in recognizing the risk for firefighters and acknowledging the responsibilities of their communities,” Tartaglione said. “I’m gratified that we were able to bring everyone together to get this far.”
Last year, Tartaglione ushered House Bill 1231 through the Senate but it was vetoed by Gov. Rendell after municipalities expressed concerns about the cost.
A new bill, Senate Bill 654, passed the Appropriations Committee today with some minor changes to accommodate local concerns. It cleared the Senate Labor and Industry Committee last week.
El proyecto de ley añade específicamente el cáncer a la Ley de Indemnización por Accidentes Laborales como enfermedad relacionada con el trabajo si no existe ninguna otra causa obvia para la enfermedad y modifica la ley para incluir el cáncer sufrido por los bomberos y causado por un grupo de carcinógenos conocidos reconocidos por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer.
La medida afecta a los bomberos profesionales y voluntarios de Pensilvania que lleven más de cuatro años trabajando y hayan estado expuestos a carcinógenos conocidos. Hay disposiciones en el proyecto de ley que permiten refutar la presunción de cáncer relacionado con el trabajo mediante pruebas de actividad cancerígena -como fumar- durante las horas en que el bombero no está de servicio.
There are more than 3,500 professional and 60,000 volunteer firefighters in Pennsylvania.
by Christin Brown | Abril 7, 2011 | News Releases
Harrisburg - 7 de abril de 2011 - La Comisión de Política Demócrata del Senado celebrará la próxima semana una mesa redonda sobre temas de formación laboral en el Temple Corporate Learning Center de Filadelfia.
"Cualquier esfuerzo legislativo para estimular nuestra economía y crear puestos de trabajo debe incluir un plan agresivo de formación para el empleo", dijo la senadora Lisa Boscola (D-Northampton), que preside el comité. "Mientras que los demócratas del Senado ya han introducido proyectos de ley de formación para el empleo, estoy ansioso por obtener información de los empresarios de la región de Filadelfia, representantes sindicales y trabajadores sobre la mejor manera de capacitar a nuestros trabajadores para los buenos empleos de hoy - y mañana."
Boscola dijo que la creación de empleo y el fortalecimiento de la economía del estado debe ser la principal prioridad legislativa de este año. Dijo que conseguir que la gente vuelva a trabajar es la clave para recuperarse de la recesión.
"Tenemos que determinar con precisión lo que funciona y lo que no, y cómo podemos avanzar en esta importante cuestión para las personas a las que representamos", declaró Boscola.
La mesa redonda se celebrará en Filadelfia a petición de los miembros de la Delegación Legislativa del Senado de Filadelfia. Tendrá lugar el jueves 14 de abril a las 11.00 horas en el Temple Corporate and Learning Center, 2450 W. Hunting Park Avenue, Filadelfia. Se invita al público a asistir.
En febrero, los demócratas del Senado presentaron un plan legislativo de seis puntos, denominado PA Works, cuyo objetivo es dinamizar la economía de Pensilvania y crear empleo.
"Lo bueno del paquete legislativo demócrata es que crearía más de 28.000 puestos de trabajo, al tiempo que ahorraría dinero a los contribuyentes", afirmó Boscola.
Dijo que el plan demócrata movilizaría 2.000 millones de dólares en inversión privada para ayudar a poner a la gente a trabajar, recortar los impuestos a las empresas y ayudar a las pequeñas empresas a ser más competitivas, reconstruir la envejecida infraestructura del estado, fomentar el crecimiento de nuevas y prometedoras industrias de energía limpia y verde y reajustar los programas de formación de trabajadores.
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Para la audiencia de Filadelfia, Boscola dijo que el comité se centrará en la formación laboral. Los demócratas han introducido estos proyectos de ley de formación laboral PA Works hasta la fecha:
- Consolidar los programas de formación laboral bajo una única agencia estatal mediante la creación de un sistema integrado de "ventanilla única" de inversión en mano de obra y servicios educativos (Yudichak);
- Redirigir los recursos federales para crear un programa de formación en el puesto de trabajo, siguiendo el modelo de Georgia Works (Tartaglione);
- Establecer un programa de Trabajo Compartido para aliviar la presión sobre la compensación por desempleo (UC), siguiendo el modelo del programa de Trabajo Compartido de Missouri (Tartaglione); y
- Proporcionar becas de formación "Green Workforce". (Cocina)
Además de los miembros del comité, se espera que participen en la mesa redonda informal: Patrick Eiding, presidente del Philadelphia Council AFL-CIO; Pat Merk, del Finishing Trades Institute; Laura Shubilla, presidenta y directora general de la Philadelphia Youth Network; Mark Boyd, presidente y director general de Goodwill Industries; Everett Gillison, teniente de alcalde de Seguridad Pública; Ryan Boyer, director comercial del Laborers District Council; Liz Robinson, directora ejecutiva de programas de la Energy Coordinating Agency; y Gary Masino, presidente del Sheet Metal Workers Local 19 de Filadelfia.
by Christin Brown | Abril 6, 2011 | News Releases
HARRISBURG, Abril 6, 2011 – State Sen. Christine M. Tartaglione today fought changes in Pennsylvania’s construction code process that she said are intended to favor special interests over consumer protection.
“It took seven years and the effort of thousands of people to create Pennsylvania’s Uniform Construction Code,” she said. “We knew that we weren’t going to make all the people happy all the time. But we also knew that the importance of leaving safety to the experts and taking politics out of the process outweighed the special interests.”
At a Senate Labor and Industry Committee meeting today, Tartaglione voted and spoke out against a House bill waiving Pennsylvania’s sprinkler requirement, and amendments that would stall future modernization of the state construction code.
In 1999, Pennsylvania passed a Uniform Construction Code that corresponded with updates from national and international building codes. In 2008, the legislature created a 19-member Review and Advisory Committee (RAC) to recommend which changes in the international code should be omitted from the state code.
The RAC drew the ire of state builders’ groups when it voted to approve the national code requirement of automatic sprinkler systems in single family homes and duplexes.
Amendments that passed the Labor and Industry Committee today call for a two-thirds vote of the RAC to approve any changes in the statewide construction code.
“It’s hard to believe that members of the Senate would suggest that a majority vote isn’t enough,” Tartaglione said. “The amendments are intended to kill modernization of the building code and put the politics back into the process.”
Tartaglione has been a supporter of the sprinkler requirement because new, lightweight building materials burn and collapse much faster than traditional lumber construction, putting firefighters at greater risk than ever. Two independent studies have shown that the time firefighters have from the time a fire starts to the time when a building becomes too dangerous to be in has dropped from 17 minutes to four minutes over the past 30 years.
“Money-saving materials make sprinklers a necessity in modern construction,” Tartaglione said. “I don’t see how we can ask our firefighters to put themselves at risk without updating the building codes to minimize it.”
Despite Tartaglione’s opposition, and her request for a hearing on the RAC changes, the Senate Labor and Industry Committee reported House Bill 377 to the full Senate for a vote.
by Christin Brown | Marzo 18, 2011 | News Releases
Philadelphia, Marzo 18, 2011 — The Philadelphia Senate Delegation today held a discussion on the impact of the governor’s proposed 2011-12 budget plan on the Philadelphia region.
The senators, along with representatives from the mayor’s office, School District of Philadelphia, Temple and Cheney universities, and the Delaware Valley Healthcare Council of the Hospital and Healthsystem Association of Pennsylvania (HAP), talked about the consequences of the proposed budget cuts during a roundtable discussion at Temple University, which is slated to receive a 52 percent cut in state funding under the governor’s plan.
“We knew the governor would make cuts, but I think we were all surprised how deep the cuts were, especially to education,” said Kitchen (D-3rd dist.). “Although we are still in trying times, this budget is unfairly balanced on the backs of our most vulnerable citizens and our students, from pre-kindergarten through college.
“We have gathered together to have a serious talk about the fallout from the governor’s proposal so that we as legislators can bring suggestions and alternatives back to Harrisburg,” she said. “This will have a big impact on many people, so we need to find any way to ease the pain.”
“It makes cuts to the most vulnerable and needy citizens among us,” added Sen. Larry Farnese (D-1st dist.). “This budget does not share the pain, and we are leaving money on the table.”
Sen. Tina Tartaglione said the governor’s plan to ask union employees to make sacrifices while cutting programs and services that employ these workers is detrimental to the health of the state’s recovering economy.
“At a time when our economy is still fragile, we depend on our workforce to help move us forward. Many of them are already working under tight budgets and juggling more responsibilities,” said Tartaglione (D-2nd dist.). “I don’t understand why hard-working union employees are being asked to make more sacrifices, while large corporations are spared any ounce of fiscal pain. The governor said his budget was all about ‘jobs, jobs, jobs’ but all the union workers hear are ‘cuts, cuts, cuts.’”
Sen. LeAnna Washington also questioned the governor’s priorities. Corbett’s budget plan does not call for a severance tax on Marcellus Shale natural gas drillers.
“The governor does not have a moral right to give away our natural resources, then turn around and cut education and healthcare,” said Washington (D-4th dist.). “The people of Pennsylvania don’t understand, and don’t agree with these misplaced priorities.”
Sen. Vince Hughes said Pennsylvania’s ongoing successful education track record would be halted under the governor’s proposed cuts, including $550 million to basic education and $260 million to the Accountability Block Grant program, which funds all-day kindergarten in many school districts, including Philadelphia.
“We cannot retreat on Pennsylvania’s record of education success,” said Hughes (D-7th dist.), who is the Democratic chairman of the Senate Appropriations Committee. “Investments during the past decade have transformed Pennsylvania into a national education leader. We are here today to learn from these leaders firsthand the full impact of the proposed cuts.”
Sen. Mike Stack added that the 10 percent in cuts to community colleges hurt Pennsylvania’s improving but still shaky economic climate.
“Our community colleges are offering students an opportunity to get a quality and affordable education. Many of them are working adults who are unemployed or looking to boost their job skills,” said Stack (D-5th dist.). “Cutting community college funding during such difficult economic times only hinders the state’s chance to boost our workforce. We should invest in our educational institutions, not punish them.”
Hughes also assailed the deep cuts to hospitals, which are already feeling fiscal pain as they try to heal those in physical pain.
“Hospitals are already struggling with decreased revenues and increased numbers of uninsured patients,” he said. “I don’t know how we can responsibly pass a state budget that eliminates their supplemental funding and still expect them to provide quality services to the people they serve.”
